En su escrito de alegaciones, el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, avisa de que, con independencia de «las graves deficiencias e irregularidades» del proyecto del complejo sanitario privado de Jesús, si el Ayuntamiento de Santa Eulària informa de manera favorable «por pura voluntad política, traspasará una línea roja». Entonces, advierte Vilás, la actual denuncia penal por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística contra la alcaldesa, Carmen Ferrer, se ampliará por «un delito ecológico-ambiental por riesgos insalubres y peligrosos».
Vilás recuerda que el Ayuntamiento todavía no ha contestado a las alegaciones que presentó en marzo de 2017, y a pesar de que este se comprometió a hacerlo en enero de 2018. Con ello, el equipo de gobierno, según el dueño de la Policlínica, evidencia un proceder absolutamente opaco y siempre en beneficio del promotor privado». «Son tantos y tan variados los ejemplos en que este Ayuntamiento tiene una posición de reiterada genuflexión administrativa y de sumisión de plazos hacia el promotor del proyecto que ya no nos sorprende una nueva acción de estas características. Para que sea más ilustrativo, el Ayuntamiento siempre ha sido, y lo sigue siendo, ‘el primo de Zumosol’ del promotor del proyecto».
