Los vecinos denuncian que sigue la «inacción de Sant Josep» contra el ruido y que «la situación es peor»

Cinco vecinos, unidos por el hartazgo de soportar en sus casas el exceso de ruido de locales de ocio de Platja d’en Bossa, han logrado que la Justicia reconozca la pasividad del Ayuntamiento de Sant Josep cuando en 2013 le solicitaron que tomara medidas, como el precinto de equipos musicales, para reducir los niveles sonoros hasta los límites que marca la normativa.

Hace unos días, el equipo de gobierno de Sant Josep, formado por el PSOE y Unidas Podemos, difundió un comunicado en el que expresaba, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que desestimaba su recurso, que lamentaba «el sufrimiento de los vecinos» y culpaba del mismo al PP y Nova Alternativa, los partidos que gobernaban el municipio en verano de 2013, cuando se denunciaron los hechos. «Deberán explicar a los ciudadanos por qué toleraron esta situación, habiendo sonometrías que demostraban reiteradamente que la música de Platja d’en Bossa superaba con creces los límites legales», decía .

Sant Josep lamenta el "sufrimiento" vecinal por los ruidos de locales de Platja d'en Bossa y culpa al anterior gobierno

En la misma nota, el gobierno municipal progresista señalaba que la sentencia «no implica ninguna sanción ni tiene consecuencias para la institución», aunque sí reconocía que es «una condena moral a una manera de actuar que no debe repetirse». «Afortunadamente para nuestros vecinos, esta bofetada de los tribunales llega cuando los que la merecen [en referencia a PP y Nova Alternativa] ya no están para recibirla, pero es suya», concluía el comunicado.

Peregrinaje de los afectados

La sentencia lamenta «el peregrinaje administrativo y judicial que ha conducido a los vecinos por una mala actuación municipal». «Ahora estamos en el año 2022 y tampoco hay ninguna constancia documentada de que los expedientes sancionadores de 2013 hayan concluido de alguna manera ni que fueran adoptadas medidas o sanciones», agrega el fallo judicial del tribunal balear.

Uno de los cinco denunciantes, Antonio Villalonga, sostiene que «la inacción» del Ayuntamiento contra el ruido «continúa» y que incluso ahora «la situación es peor que en 2013». «Hay más fiestas y más ruido. Llamas y el Ayuntamiento no actúa», indica Villalonga, que matiza acto seguido que sí toma medidas contra «bares musicales» y «lo utiliza de excusa para justificar que está actuando», pero «no lo hace contra los principales focos de ruido», en referencia a DC-10 y Ushuaïa.

«¿Por qué en algunos establecimientos se precintan los equipos musicales y en otros no?», cuestiona Villalonga, que, pese a estar vinculado con el nuevo partido político Per Balears (con los exsocialistas Antonio Roldán y Paquita Ribas), afirma que su denuncia contra el ruido es «personal», al margen del partido. «Otra cosa es que luego el partido lo coja como bandera».

También destaca que la sentencia abre «las puertas de par en par a la vía penal» contra «los responsables municipales».

Sant Josep niega pasividad

Por su parte, el equipo de gobierno de Sant Josep no sólo niega que haya pasividad ante los problemas de ruido en Platja d’en Bossa sino que defiende que «la situación ha cambiado mucho, a mejor». «No quiere decir que sea perfecta, pero se actúa», afirma el portavoz municipal, que apunta además que se ha producido «un cambio de actitud de los empresarios» y ahora «colaboran» en «garantizar el descanso de los ciudadanos». «Las sanciones se llevan hasta el final y se adoptan medidas cautelares con el precinto de equipos», añade.

En este sentido, el portavoz informa de que en lo que va de año se han precintado nueve equipos musicales en el municipio, uno menos que en todo 2019, el ejercicio precovid. El año pasado y el anterior se hicieron en sólo cuatro y tres ocasiones, respectivamente.

Por ahora, este año sólo se ha hecho una sonometría y la media es de cinco por temporada. «Se practican cuando se considera necesario», indica el portavoz, que recuerda que los establecimientos que generan ruido están obligados a tener un limitador, por lo que, en principio, sólo se mide el nivel de decibelios en el exterior si se aprecia que el limitador ha podido ser manipulado.

No todos los precintos acaban en expediente de infracción. En lo que llevamos de año, Sant Josep ha iniciado tres procedimientos sancionadores.

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