Dos de los mayores quebraderos de cabeza del Ayuntamiento de Sant Josep en materia medioambiental tienen al mismo protagonista. Se trata de E.S.C, un vecino de Cala Tarida de 45 años de edad que acumula toneladas de residuos contaminantes en su finca y gestiona fondeos ilegales en la bahía de Porroig. Tras años desoyendo las notificaciones municipales para desmantelar su vertedero ilegal y recién finalizado el plazo para que cumpla la orden voluntariamente, el Ayuntamiento ahora tiene vía libre para pedir la autorización judicial que le permita ejecutar estos trabajos de manera subsidiaria.
«Esperemos que sea el final de este problema», confiaba ayer la concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández. El Consistorio ya ha pedido presupuesto para conocer el coste de la retirada de las toneladas de materiales acumulados en un terreno de unos 4.000 metros cuadrados junto a la carretera de Cala Tarida, sobre todo embarcaciones y vehículos abandonados.
Paralelamente, los servicios jurídicos municipales ultiman la solicitud de la autorización judicial para acceder a la finca privada y desmantelar este desguace. Fernández aseguró que esta orden se pedirá «de manera inminente», en principio la semana que viene. Una vez que el Ayuntamiento pueda retirar todo el material, remitirá la factura de los gastos al propietario del terreno.
Explosivos en la finca
De esta manera se encara la recta final de un proceso iniciado en octubre de 2016, cuando en una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Local de Sant Josep y agentes de Medio Ambiente, se localizaron cuatro obuses de la Guerra Civil en este desguace, que tuvieron que ser desactivados por los Tedax. Fruto de aquel operativo, y tras numerosas denuncias por la actividad ilegal del vertedero, el Ayuntamiento inició los expedientes para clausurarlo.
"Ahora es cuando ya podemos actuar y pedir por fin al juez que nos deje actuar"
Ninguno de estos intentos ha dado resultado por los constantes incumplimientos o alegaciones por parte del propietario. El requerimiento final presentado por el Ayuntamiento concedía un plazo de tres meses a E.S.C. para cumplir con la de retirada de los residuos o presentar alegaciones contra la orden municipal, según informó en marzo el alcalde, Ángel Luis Guerrero, cuando presentaba las obras de unas canalizaciones de agua potable cerca de ese desguace.
Finalmente, el infractor no ha hecho caso de ninguna de estas dos opciones. «Ahora es cuando ya podemos actuar y pedir por fin al juez que nos deje actuar», valoró Fernández.
Además, el propietario de la finca también ha sido condenado por amenazar de muerte a la concejala con una multa de unos ocho euros diarios durante un mes. «Sale muy barato», lamentó Fernández.
La sentencia se dictó en septiembre del año pasado y respondía a los improperios que lanzó E.S.C. contra la regidora y dos funcionarios municipales cuando en mayo de 2021 le entregaron la notificación de que se le abría un nuevo expediente por sus infracciones. E.S.C. llegó a exclamar que «Sant Josep está lleno de bosques y la maleza es un gran combustible», recordaba Fernández.
Entre otros antecedentes, E.S.C. fue juzgado en 2017 por su participación en el simulacro del hundimiento de un velero
Nuevas amenazas
El pasado 2 junio, E.S.C. volvía a ser denunciado por amenazar de muerte a miembros de la plataforma proteccionista Maltesa de Mar. Estos activistas estaban en Porroig para comprobar la evolución del fondo marino tras la retirada de 91 estructuras ilegales para el fondeo por parte del Ayuntamiento.
La Guardia Civil confirmó ayer que esta persona también cuenta con denuncias previas de usuarios de esta bahía. Además, su nombre aparece en numerosos foros de navegación como responsable de los fondeos que se alquilan ilegalmente en la zona. De hecho, en su vertedero de Cala Tarida también se encuentran numerosas estructuras de hormigón como las que se arrojan regularmente en Porroig.
Entre otros antecedentes, E.S.C. fue juzgado en 2017 por su participación en el simulacro del hundimiento de un velero en 2009, cuando, junto a a los propietarios de la embarcación, habrían tratado de cobrar una indemnización de 300.000 euros a la compañía aseguradora.
Informe de los desmanes en Porroig
Los efectivos de Protección Civil se desplegaron este fin de semana en Porroig para documentar actividades de chárter ilegal y el posible alquiler de fondeos, según confirmó ayer el concejal de Playa de Sant Josep, Josep Guasch. Una vez finalizado, el informe se remitirá a Capitanía Marítima, la Guardia Civil y el Govern, «que son los que tienen competencias» en el mar, incidió Guasch. Además, subrayó que el Ayuntamiento seguirá impulsando campañas de retirada de muertos en esta bahía tras confirmarse que allí se han vuelto a arrojar estructuras.
