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El análisis

Una maratón de despropósitos en Formentera

La coalición de gobierno del Consell, de GxF y PSOE, da muestras de descoordinación y de falta de previsión en la toma de decisiones

Alejandra Ferrer entrega el bastón de mando del Consell a Ana Juan, en noviembre del año pasado. c.convalia

La legislatura del Consell de Formentera nació torcida en 2019, con tensiones entre los dos partidos progresistas que estaban condenados a entenderse, GxF y PSOE. Este ambiente enrarecido provocó el reparto proporcional de la presidencia de la institución: 28 meses para GxF, con Alejandra Ferrer, y el resto para la actual presidenta del PSOE, Ana Juan. Un pacto forzado por los socialistas, que sumaron tres consellers más en las elecciones en detrimento de la representación de GxF. 

Desde 2007, ambos partidos han gobernado en el Consell en coalición, salvo durante la legislatura de 2015 a 2019, de mayoría absoluta de GxF con Jaume Ferrer al frente, que también presidió los anteriores gobiernos. Pero con los resultados de 2019, el PSOE exigió más cuota de poder y visibilidad institucional y reclamó una presidencia bicéfala que no se producía desde los años noventa.

Los ciudadanos ven ahora cómo se acumulan los conflictos, como el derivado de la concesión de los servicios de playas (quioscos y hamacas), la regulación y limitación de los fondeos de s’Estany des Peix, la reordenación del puerto de la Savina y el decreto de Transporte Marítimo. También por la Ley del Turismo balear, donde las posturas de los socios de gobierno están enfrentadas. Todo ello sin contar que todavía está pendiente de resolver la contrata del servicio de recogida de residuos (35 millones de euros). 

El acuerdo de gobierno de 2019 se tradujo además en el reparto entre GxF, PSOE y EU del diputado autonómico en el Parlament.

Uno de los primeros detalles de la legislatura ya indicaba que la gestión pública iba a ser compartimentada, que no habría una comunicación fluida entre los departamentos. Fue la contratación de un segundo responsable de prensa para los socialistas. De esta forma, los medios de comunicación sabíamos que las conselleries de GxF tenían un portavoz y la de los socialistas, otro. Empezaban marcando diferencias más allá de la comunicación institucional.

Al principio de la legislatura, Alejandra Ferrer asumió el liderazgo del equipo de gobierno con la toma de decisiones en relación a la pandemia, que obligó a aparcar proyectos en marcha. Plantó cara a las primeras restricciones matizando que los vecinos de Formentera se podían bañar en la playa, cuando Madrid lo prohibía. Fue criticada y mantuvo el tipo saliendo una semana sí y otra también recordando las medidas sanitarias y pidiendo insistentemente que la gente se vacunara. 

La llegada de Ana Juan

Llegó en noviembre de 2021 y tomó posesión Ana Juan, del PSOE, en cumplimiento del pacto de gobierno. A partir de ese momento las diferencias empezaron a marcarse más todavía y el trabajo de los responsables de prensa se delimitaba cada vez más a ‘sus conselleries’, de tal forma que uno remitía al otro y viceversa según el tema a tratar.

Aunque desde la presidencia del Consell, del PSOE, y la vicepresidencia, de GxF, se ha intentado contemporizar de cara a la galería en estos últimos meses, la realidad es otra y la responsabilidad es compartida. Las ganas de los socialistas de ganarle terreno electoral a GxF y la postura de esta formación insularista de decirle al PSOE: ‘si querías gobernar, pues gobierna’, les ha llevado a olvidar a los dos partidos que son responsables de la gestión pública de la isla.

La falta de liderazgo, de coordinación y de previsión de los últimos meses ha provocado el estupor de ciudadanos, vecinos y turistas, que no entienden muy bien qué está pasando.

En septiembre de 2021, el entonces conseller de Medio Ambiente, Antonio Sanz (PSOE), sustituía a Silvia Tur (GxF) en el escaño de Formentera en el Parlament balear. Entonces el nuevo diputado, en una entrevista a Diario de Ibiza, dijo que podía compatibilizar sin problemas los dos cargos, a pesar de que en la conselleria insular de Medio Ambiente se acumulaba el trabajo con el concurso de los servicios de playas, la regulación del fondeo en s’Estany des Peix y el concurso para la contrata del servicio de recogida de basuras. Este último está pendiente de resolución, con cuatro empresas cuyas plicas han sido admitidas por la mesa de contratación, y a la espera del informe de un técnico de medio ambiente literalmente desbordado por el concurso de playas y los fondeos.

Cuando en noviembre de 2021 Ana Juan tomó posesión de la presidencia del Consell, tardó poco más de dos semanas en seguir el mandato de la ejecutiva de su partido, cuyo secretario general y también conseller de Bienestar Social es Rafa Ramírez, e incorporó a su equipo de gobierno a Antoni Tur Xica, un perfil sin ninguna experiencia en la gestión política, para que se hiciera cargo de una conselleria tan complicada como la de Medio Ambiente. Mientras, Antonio Sanz, sin rechistar, se quedaba en exclusiva como diputado en el Parlament. En ese momento la conselleria de Medio Ambiente era la que tenía sobre la mesa los proyectos de mayor calado.

Contestación Social

Todos estos acontecimientos, que eran previsibles ocho meses antes, coincidieron el pasado mes de mayo provocando una contestación social y una pérdida de credibilidad de la institución a los ojos de distintos sectores económicos y sociales insulares.

Las reuniones semanales que mantenían todos los consellers han estado interrumpidas durante un mes y medio y han vuelto a convocarse desde hace tres semanas. Aunque ninguno de ellos lo diga de forma oficial, existe una evidente falta de coordinación y en algunos casos ni se preocupan en hacer el esfuerzo de compartir su gestión diaria con sus colegas de otro partido. Es cierto que existen excepciones entre algunas conselleries, como Territorio (GxF) y Patrimonio (PSOE), pero en lo que afecta al funcionamiento general del Consell, la sensación es de falta de coordinación en la gestión.

Las diferencias aumentaron con el estallido de la polémica por el concurso de servicios de playas

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No hace falta escarbar demasiado para recordar que las primeras diferencias surgieron cuando el Govern balear aprobó el decreto de medidas urgentes de la Ley del Turismo. La consellera de Turismo y expresidenta Alejandra Ferrer (GxF) expresaba su descontento ya que no se había tenido en cuenta que Formentera había marcado su techo de plazas anticipándose a la medida. Mientras, la presidenta Ana Juan (PSOE), a micrófono cerrado, dijo «no estar de acuerdo» con las declaraciones de Ferrer, para luego defender la Ley que ha liderado su partido como una oportunidad para «repensar el modelo de crecimiento».

Servicios de playa

Pero las diferencias siguieron produciéndose con el estallido de la polémica por el concurso de servicios de playas. Un proyecto que por su envergadura y repercusión social y de imagen hacia el turismo le ha explotado en la cara al Consell, que ha tenido que rectificar. La presión social, muchas veces interesada, solo ponía en evidencia que las playas de Formentera a día de hoy siguen sin hamacas, sombrillas y quioscos. También es cierto que para ocho quioscos de playa, que aumentaban su ocupación de 20 a 50 metros cuadrados y a los que se les reconocía servicio de restauración, se presentaron 64 ofertas. Las mejores puntuadas son las que finalmente han presentado una mejor oferta económica. Esto llevó a los anteriores concesionarios a movilizarse al ver que sus propuestas quedaban por debajo de la media. Con este caldo de cultivo, los anteriores concesionarios convocaron una protesta en la plaza con un minuto de silencio «por la muerte de los quioscos», a la que asistieron varios consellers de GxF para solidarizarse por la «indignación» suscitada por esta cuestión. Una presencia que fue criticada por sus socios de gobierno socialistas.

Poco después, y tras varias maniobras, el Consell decidía dar continuidad a los anteriores concesionarios de playa para esta temporada, mientras resolvía las 60 alegaciones presentadas al concurso y estudiaba dos contenciosos administrativos presentados por un empresario ibicenco, que pide la anulación del concurso.

Fondeos en s’Estany

Pero por si esto no fuera suficiente, la conselleria insular de Medio Ambiente ponía en marcha la regulación de los fondeos de s’Estany des Peix en medio de la polémica porque el colectivo que representa a las empresas de chárter queda excluido al no admitirse usos comerciales en este enclave situado en el Parque Natural de ses Salines.

Las 500 embarcaciones que hasta ahora fondeaban a riesgo y ventura ahora pasarán a ser 285 y a estar controladas, con las correspondientes concesiones otorgadas por la dirección general de Costas y gestionadas mediante un cuestionado reglamento aprobado por el Consell. La institución insular tiene una fecha límite para acabar el proyecto a riesgo de perder la financiación de 658.000 euros procedente del Impuesto de Turismo Sostenible.

Pero si no había suficiente con la regulación, de repente aparece una pasarela, desproporcionada, que da acceso a los 78 amarres que se situarán en los pantalanes flotantes; el resto de amarres utilizan boyas ecológicas. Pero el impacto visual de esta estructura es tal que la presidenta del Consell ordena el cese de los trabajos y en una semana hace que su altura baje 40 centímetros. La solución sigue sin satisfacer, pero el Consell decide acabar la obra para no perder la subvención y luego, a medio plazo, buscar una solución técnica adecuada a este entorno.

A todo esto surge un nuevo conflicto, quizá menos previsible pero que se podía intuir: la negativa de Marina de Formentera a abandonar las instalaciones de la dársena de poniente del puerto de la Savina, presentando un recurso contencioso administrativo contra la Autoridad Portuaria de Balears (APB) al considerar que sus derechos han sido conculcados por no haberle sido otorgada una prórroga de la concesión por tres años y medio. Esto provoca que la reordenación del espacio portuario que había programado el Consell con la APB para dar cabida a 32 embarcaciones de chárteres, quede en el aire.

El resultado es que decenas de empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones, tanto las que venían operando en los muelles de puerto de la Savina como las que lo hacían a riesgo y ventura en s’Estany des Peix, están en estos momentos en la cuerda floja.

Lo mismo le ocurre al muelle, situado frente a la estación marítima, que debe ser ocupado por los barcos de las excursiones marítimas que llegan a diario desde Eivissa.

El decreto del transporte marítimo también ha sido motivo de discrepancia entre los dos socios de gobierno. Mientras que la presidenta, Ana Juan, lo daba por bueno, el conseller de Movilidad, Rafa González, de GxF, decía que era incompleto.

Ahora queda por resolver uno de los grandes concursos públicos de la isla, por cuantía económica, como es la contrata del servicio de recogida de basuras, que sale a concurso con un presupuesto de 35 millones de euros. Al mismo se han presentado cuatro empresas, pero desde el mes de enero se está a la espera de un informe técnico de valoración de las propuestas. Uno de los contratos más importantes sigue de momento paralizado.

Con todos estos frentes abiertos, el equipo de gobierno no da señales de reactivación. Los últimos acontecimientos y su capacidad de respuesta a los retos del día a día les ha superado. Y el descontento social, expresado en la calle, también. De seguir está dinámica y teniendo en cuenta que queda un año para las elecciones locales y autonómicas, todo indica que las diferencias entre GxF y PSOE irán en aumento.

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