La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado a través de una nota dos agresiones a guardias civiles ocurridas este mes de mayo en Sant Antoni «sin que en el Ministerio del Interior se muevan para buscar una solución a lo que en AEGC ya consideramos un grave problema de seguridad», señalaron desde la asociación.
Según el comunicado, las dos agresiones se produjeron en Sant Antoni con tres días de diferencia. La primera se registró el pasado 24, cuando una patrulla del puesto del municipio recriminó a un ciudadano que dejara de tirar cajas a la vía pública porque podía ocasionar un accidente de circulación. «Este individuo se mostró en todo momento muy agresivo y violento, golpeando a uno de los agentes fuertemente en el pecho».
Tres días después, el 27 mayo, en el mismo municipio, otra de sus patrullas al ir a detener en un hotel de este término a un ciudadano argelino, con orden de búsqueda y detención, «se encontraron con un individuo violento y agresivo que atacó a los dos agentes causándoles a uno de ellos un traumatismo y politraumatismos al otro componente de la patrulla», señalaron desde AEGC».
Medidas de protección
«Desde la Asociación Española de Guardias Civiles somos conscientes que hemos elegido una profesión que entraña unos riesgos. Sabemos que cada día al salir de servicio no tenemos la certeza de que volveremos enteros a nuestras casas. Todo esto los guardias civiles lo sabemos, pero también sabemos que cada día hay más medidas de protección que nos facilitarían nuestro trabajo, como tener en la dotación de táser, al menos una por patrulla. Esta herramienta, de haber dispuesto de ella estos agentes, hubieran podido actuar con más seguridad y sin que ellos o los detenidos hubieran sufrido lesiones», señala la nota.
Además, reclamaron, como llevan haciendo desde hace años, que de cara a las sanciones se les dé «la misma consideración que tienen los jueces, profesores o médicos». «Somos los encargados de velar por la seguridad ciudadana y se nos considera agentes de la autoridad y no autoridad que implica penas mayores. En AEGC consideramos que este cambio es sólo cuestión de buena voluntad por parte del ejecutivo. Esa buena voluntad de acaba de tener con los vigilantes jurados y con los funcionarios de prisiones a los que ya se considera Agentes de la Autoridad, ¿por qué entonces no se puede hacer los mismo con los miembros de las FCSE, algo que llevamos años reclamando?».
