La Audiencia Nacional ha descartado la existencia de un cártel en el transporte escolar de las islas y ha retirado las sanciones por un importe global de 3,1 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había impuesto a 34 empresas del sector y a su patronal, según se destacó ayer desde esta última. Sin embargo, desde esta federación empresarial se reconoce que se mantiene la multa de 20.000 euros que también se le aplicó por haber publicado una recomendación de tarifas para los traslados y excursiones del transporte discrecional, y no se pudo aclarar qué decisión se ha tomado sobre los casi seis millones de euros de multas impuestas a ocho transportistas a las que se había acusado de repartirse el mercado de los autocares turísticos.
En marzo de 2017 la CNMC anunció que había desmantelado un cártel empresarial en el transporte balear, formado por empresas a las que se acusaba de pactar los precios y repartirse las rutas, evitando que existiera una competencia real entre ellas. Esta investigación se puso en marcha con los datos facilitados por una de las empresas implicadas, Autocares Alcas también conocida como Albors, a cambio de no recibir ninguna sanción.
Transporte escolar
Esta acusación recayó sobre dos áreas. Una era la del transporte escolar, y la citada Comisión decidió sancionar a 34 empresas con multas que sumaron 3,1 millones de euros al considerar que pactaban entre ellas los precios para acudir a los concursos de la Administración, con la colaboración de la Federación Empresarial Balear de Transportes.
Las multas afectaban a más de 30 empresas de transporte de las islas y a su federación empresarial
Esta parte ha sido rechazada por la Audiencia Nacional, alegando que la insularidad impedía que algunas empresas compitieran entre sí, lo que hace difícil que ese pacto pudiera existir. En este apartado, también la patronal ha visto como se le retiraba la sanción que se había fijado contra ella.
Pero la decisión de la CNMC iba más allá, y decidió sancionar a ocho empresas y a la citada organización empresarial por considerar que también habían llegado a acuerdos para repartirse los trayectos, excursiones y traslados del transporte discrecional. Las multas fijadas en relación a este tema fueron las más cuantiosas, y alcanzaron un valor de casi seis millones de euros.
La Audiencia alega que la insularidad impedía que algunas empresas compitieran entre sí, lo que hace difícil que ese pacto pudiera existir
El gerente de la patronal balear, Salvador Servera, reconoció ayer que en este caso la Audiencia Nacional ha mantenido la multa de 20.000 euros que aplicó la Comisión de la Competencia a la federación por haber publicado una recomendación sobre las tarifas a aplicar, aunque anunció que se va a presentar el correspondiente recurso por considerar que se actuó dentro de la legalidad.
Pero el aspecto que ayer no se aclaró desde la federación es si al final se han retirado, reducido o mantenido los seis millones de euros en multas contra ocho empresas, entre las que se encuentran algunas de la importancia de Ultramar Express y de Transunión Mallorca, que son además. las que registraron las sanciones de mayor calado (3,1 millones la primera y 1,8 millones de euros la segunda). En este sentido, se esgrimió que no se habían recibido todas las notificaciones.
