El Consell de Govern aprobó ayer el decreto que desarrolla el canon de residuos que, a partir de julio, abonarán los ayuntamientos de las islas y que ya estaba previsto en la ley balear de residuos aprobada en 2019. Los consistorios de Ibiza deberán pagar el tramo más alto (12 euros por tonelada) porque, tal como publicó este diario, incumplen la ley de residuos debido a que o no disponen de recogida de la fracción orgánica (Santa Eulària y Sant Joan) o en sus ordenanzas no prevén el pago por generación (una tasa distinta en función de si el ciudadano recicla o no), lo cual no cumple ningún municipio ibicenco.
Así, el nuevo canon se divide en cuatro tramos, dos para el depósito de basura en el vertedero (5 y 12 euros por tonelada) y dos para incineración (2,5 y 5 euros). La cifra más baja es para los municipios que sí disponen de recogida de fracción orgánica y pago por generación. Además, el canon es progresivo y, en 2023 se prevé gravar el depósito en vertedero con 10 y 20 euros por tonelada, en función de si se cumple la normativa, y 20 y 40 euros, respectivamente, en el año 2025.
Este canon, diseñado en concordancia con las directrices europeas sobre cumplimiento de objetivos de reciclaje y de fiscalidad verde, sigue el principio de «quien contamina paga». Precisamente, se grava sólo el depósito de residuos en los vertederos y la incineración con el objetivo de «bonificar las buenas prácticas» en la gestión de los desechos, como la recogida y el tratamiento de la materia orgánica o el pago por generación. Este canon repercutirá luego en el recibo de la basura que abonan los ciudadanos.
Para determinar la cuantía del canon, antes del 1 de junio, los ayuntamientos deberán justificar ante la conselleria balear de Medio Ambiente si se aplica el pago por generación y una declaración responsable sobre el grado de implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica. Para recalcular el coste del canon de cara a 2023, antes del 1 de diciembre los ayuntamientos deberán actualizar esta información.
El director general de Residuos y Educación Ambiental del Govern balear, Sebastià Sansó, recuerda que este gravamen, aparte de progresivo, está «insularizado», en el sentido de que todo lo que se recaude en una isla retornará a esta con inversiones y proyectos para la mejora de la recogida y el tratamiento de residuos. Para ello, se creará una comisión, formada por el Govern, el Consell y los ayuntamientos para «evaluar las necesidades de cada isla y destinar la recaudación [del canon] a necesidades consensuadas». «Las importantes y necesarias», indica.
También destaca que «esta herramienta fiscal» debe servir para «empujar» a los ayuntamientos a que cumplan la ley balear de residuos, más aún si cabe en las Pitiusas porque «se acaba la vida útil del vertedero de Ca na Putxa». «Se debe incentivar la recogida de la materia orgánica y penalizar el depósito en el vertedero porque, con ello, va la supervivencia de la gestión de residuos en las Pitiusas».
Vida útil del vertedero
Con un horizonte estimado de entre «tres y cinco años, en función de la cantidad de residuos que se depositen», el Consell de Ibiza ha encargado un estudio para evaluar posibles alternativas una vez que en Ca na Putxa ya no se puedan enterrar más residuos. «En Ibiza y Formentera es más urgente [la aplicación del canon] porque sus instalaciones son las que ahora mismo tienen una vida útil más corta en Balears», insiste. De hecho, el uso de Ca na Putxa se podrá prolongar más allá de los cinco años que ahora se estiman como máximo si se reduce sustancialmente la cantidad de residuos que se entierran, recalca Sansó.
Por otra parte, el Gobierno central ha aprobado una ley estatal que obliga a partir de 2023 a abonar 40 euros por tonelada de residuo depositado en vertedero. Esta ley impide, en principio, que el canon balear sea progresivo y que penalice, con el pago de un tramo más alto, a los ayuntamientos que no cumplen la ley balear de residuos. Sin embargo, Sansó explica que se negocia con el Estado mantener el canon balear de residuos en las condiciones aprobadas en la Comunitat Autònoma.
De todos modos, en el caso en que el Gobierno central se cerrase en banda, el Govern balear se plantea penalizar a los municipios que no distingan el pago por generación con una reducción de las inversiones que les correspondería en la fase de retorno.
