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el govern en eivissa u lucha contra la competencia desleal y el problema de la vivienda

El nuevo régimen sancionador de las fiestas ilegales en Ibiza entra en vigor el jueves

La Policía Local no puede entrar en las casas sin autorización judicial y el Govern afirma que se tienen que parar antes o esperar a la salida

Vicent Marí y Francina Armengol y los consellers del Ejecutivo autonómico, ayer, en la sede del Consell de Ibiza. CAIB

El Ejecutivo balear que preside Francina Armengol se desplazó ayer al completo a Ibiza para celebrar por primera vez en esta legislatura un Consell de Govern en el que se aprobaron importantes cuestiones que afectan a la isla, sobre todo dos decretos ley para endurecer las sanciones para combatir las fiestas ilegales y para desbloquear la nueva orden insular de carga y descarga del sector del taxi. Las dos normativas, que deberán convalidarse en un plazo de 20 días en el Parlament balear, empezarán a aplicarse a partir del jueves tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrada ayer en la sede del Consell de Ibiza, la presidenta Armengol destacó que una de las «novedades» del decreto ley para combatir las fiestas ilegales es que el régimen sancionador no sólo se aplicará a los organizadores del evento, sino que también se podrá multar a los propietarios de la vivienda (un mínimo de 150.000 euros si conoce que su propiedad se utiliza para este uso ilegal) y a los participantes, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 3.000 euros. El régimen sancionador abarca una horquilla de entre 300 y 300.000 euros. Además, se considera como agravante, y se elevará la cuantía de la multa, el hecho de que se provoquen molestias a los vecinos.

El decreto ley define también lo que se considera una fiesta ilegal (básicamente las que se celebran en una vivienda de espacios no públicos con afán lucrativo, en la que los asistentes pagan una entrada, y se publicitan fuera de los canales comerciales) y «se prohíben» al considerarse «una competencia desleal del ocio legal», según resaltó Armengol.

Este decreto ley es una modificación de la ley balear de actividades y también de la de turismo, en este último caso para endurecer el régimen sancionador por el incumplimiento de una actividad turística (vivienda vacacional, por ejemplo) y que puede suponer la pérdida de la licencia.

Pese a la solicitud expresa del Consell de Ibiza, la consellera balear de Presidencia, Mercedes Garrido, explicó que la Policía Local no podrá entrar en las viviendas debido a «la inviolabilidad del domicilio», salvo que los agentes cuenten con una autorización judicial o permiso de la propiedad del inmueble. «El objetivo es que se paralicen antes o esperar a la salida para que los agentes recaben la información para instruir un expediente de sanción», indicó.

Otra de las novedades de la reforma legal es que los ayuntamientos podrán adoptar medidas cautelares (la ley de actividades prevé un amplio abanico de opciones, recordó la consellera) sin esperar a que primero se abra un expediente de infracción. De hecho, la adopción de medidas cautelares ya supondrá el inicio del procedimiento.

Garrido destacó que con estos cambios normativos se pretende «desincentivar» esta práctica tan extendida ya en Ibiza. En el caso de la sanción a los propietarios se podrá aplicar si se constata que conocían que en su propiedad se celebraba una fiesta o si «no han procedido de manera adecuada en su obligación de vigilancia»·

Esta norma ha sido acordada por el Govern con el Consell y los ayuntamientos, a los que les corresponde actuar a través de la Policía Local. El Consell proyecta de nuevo contratar a una agencia de detectives. Aparte de dar aviso a la Policía Local, la información que recojan es válida para instruir el expediente de sanción.

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