La Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba), entidad sin ánimo de lucro, advierte al Consell de Ibiza de que el impago de la deuda contraída de 2,2 millones de euros por los servicios prestados en la isla entre 2017 y 2019 «supone un claro enriquecimiento injusto» de la Administración. En un escrito del pasado mes de agosto remitido a la institución insular para justificar el encargo del anterior gobierno insular de PSOE y Guanyem (coalición de izquierdas), de poner en marcha en la isla un servicio de atención a personas, también menores, con discapacidad intelectual, Amadiba sostiene que la institución no se puede escudar «en su propia negligencia [al no haber observado las formalidades previstas en la normativa administrativa para la contratación de los servicios]» para no saldar su deuda.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears exige que el Consell pida «responsabilidades disciplinarias» a la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, por «la contratación irregular» de Amadiba, al margen del procedimiento administrativo y sin una garantía presupuestaria para pagar. Considera que Jurado dio «un trato de favor» a esta entidad al cederle, también de manera irregular, la vivienda del Consell en la calle Bisbe González Abarca (el antiguo centro de menores) para permitirle, con ello, implantarse en la isla y asumir luego «en exclusividad» la atención a personas con discapacidad intelectual. Hay que tener en cuenta que Amadiba ya prestaba este servicio, en sus centros de Mallorca, a personas de Ibiza desde 2014.
El Consell aún no ha abonado la deuda contraída con Amadiba porque, al no haber una tramitación administrativa de la contratación, primero debe resolver quién encargó el servicio y su justificación y comprobar el trabajo realizado y si se ajusta a precio de mercado, según explica el vicepresidente primero de la institución, Mariano Juan.
La deuda se sustenta en los costes del servicio del centro de día de Santa Eulària, el transporte adaptado a este, la vivienda supervisada para mayores de 18 años y la de menores más el centro residencial de acción educativa especializada.
Servicio «en tiempo y forma»
Amadiba explica en su escrito que todos los servicios se prestaron «en tiempo y forma» a instancias de la institución de «conformidad con los acuerdos adquiridos con el presidente (el anterior, Vicent Torres) y la titular del departamento de Bienestar Social (la exconsellera Lydia Jurado)». Agrega que «la inobservancia» por parte del Consell de la tramitación administrativa «no se puede imputar» a Amadiba. También indica que «sería una frustración y un desgaste para todas las partes» tener que acudir a la vía judicial para obtener «una resolución favorable, cuando la parte deudora reconoce la existencia de la deuda y la obligación de pagarla».
Entre otras cosas, el actual gobierno del Consell requirió a Amadiba una copia de los acuerdos de la institución para derivarle usuarios o el nombre de los responsables que dieron la orden. La entidad respondió que «no existe ningún documento formal» debido a que la institución «no disponía de ninguna normativa reguladora de los servicios y el proceso de derivación a los mismos». «Ante esta situación, en julio de 2017, la consellera Lydia Jurado decidió que se atendiera a los usuarios con los recursos creados por Amadiba ya que consideraba que se estaban vulnerando los derechos de las personas y debían priorizarse sobre las formalidades administrativas», añade.
Así, acto seguido Amadiba señala que desde el Consell se pidió que atendieran a los usuarios y que el pago del servicio se solucionaría cuando se establecieran los conciertos sociales como fórmula de financiación. Apunta que prueba de ello son el convenio de octubre de 2017 y los contratos de enero y marzo de 2018 firmados para pagar las facturas, pero no fue suficiente. Las facturas fueron anuladas por el Consell. La oficina anticorrupción destaca que dichos contratos no cumplían los requisitos que determina la ley ni contaban con un informe jurídico ni de Intervención.
Amadiba defiende que «el título jurídico» que ampara su servicio en Ibiza deriva del encargo que le hizo el expresidente Vicent Torres en abril de 2016 en una reunión, en la que estaban presentes también un grupo de familias que instaban a crear una red para la atención de sus hijos en la isla. Torres «adquirió el firme compromiso de financiar la creación de estos recursos para sus hijos [por parte de Amadiba]» y manifestó que «se iba a hacer no tanto por ser un derecho que se les estaba vetando sino por ser un tema humano la atención a las personas con discapacidad en su propia isla».
La cesión del piso del Consell
Entonces se encargó la puesta en marcha de una red de servicios que debería entrar en funcionamiento 15 meses después, en julio de 2017. Entre todas las actuaciones llevadas a cabo, Amadiba destaca la entrega de las llaves del piso de la calle Bisbe González Abarca por parte del Consell para atender a menores con discapacidad intelectual. Amadiba también ha entregado al Consell un vídeo de una reunión en la que estuvieron Jurado, la exdirectora insular de Igualdad Judith Romero, la exvicepresidenta primera Marta Díaz y la exjefa de gabinete de Presidencia y ahora senadora Patricia Abascal.
Dicho encuentro, a petición del Consell, se convocó para explicar a Amadiba los problemas administrativos para abonar las facturas. «Por desgracia, la Administración no ha ido todo lo deprisa que tenía que ir… Nos hemos quedado atrás y esto trae unas consecuencias de impagos de nóminas, de situaciones muy graves que nosotros hemos provocado y tenemos que solucionar. Para eso estamos aquí», afirmaba en esa reunión la exconsellera Jurado.
Vicent Marí consideraba «un milagro» en 2018 el centro de día de Amadiba
Parte de las facturas impagadas se refieren a las 19 plazas (11 de reserva) que desde julio de 2017 se atendieron en el centro de día de Santa Eulària. Precisamente, Amadiba inauguró este centro, ubicado en la calle Sant Jaume, en marzo de 2018, con la presencia del entonces alcalde y ahora presidente del Consell, Vicent Marí, quien dijo que era «un milagro» conseguido por «las familias». Recordó que cuando unos padres le explicaron el proyecto, pensó que «parecía mentira» que no existiera este servicio en la isla. «Es tremendo el drama que pasan estas familias», destacaba.
Este servicio echó a andar en 2017 sin el correspondiente concierto social, el cual el propio Marí, ya como presidente del Consell, firmó con Amadiba en julio de 2020. Con este acuerdo, el Consell financia 30 plazas de este centro: cerca de 600.000 euros entre 2020 y 2021. Las facturas previas, anteriores al concierto, son las que el Consell todavía no reconoce y no paga.
