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La oficina anticorrupción exige responsabilidades a la exconsellera Jurado por la contratación de Amadiba

Considera que hubo "un trato privilegiado" a la entidad por cederle de forma irregular un piso para atender a menores con discapacidad intelectual

La exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, durante una rueda de prensa en el pasado mandato. J.A.Riera

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears exige «responsabilidades disciplinarias» a la exconsellera insular de Bienestar Social Lydia Jurado, de Podemos, que ya no ocupa ningún cargo público, por «la contratación irregular» en el pasado mandato de Amadiba, entidad sin ánimo de lucro, para la atención de menores con discapacidad intelectual grave y autismo.

Anticorrupción resolvió en abril del año pasado, a raíz de la investigación de una denuncia, que Jurado había dado «un trato de favor» a esta asociación al cederle un piso del Consell en la calle Bisbe González Abarca de Ibiza (el antiguo centro de menores) para «acreditar», con ello, su implantación en la isla y asumir luego «en exclusividad» en Ibiza el servicio que ya estaba prestando en Mallorca desde 2014.

En su resolución, la oficina de lucha contra la corrupción también pedía responsabilidades a la exconsellera por «una infracción muy grave», según la ley de transparencia y buen gobierno, al haber asumido «a nivel particular» unos compromisos de gasto sin crédito presupuestario para ello. Anticorrupción señala a Jurado, y le exige responsabilidades, porque fue quien hizo el encargo a Amadiba «al margen de la legalidad».

No obstante, a diferencia de la denuncia de la campaña de promoción tramitada de emergencia de ‘La vida Islados’, la oficina anticorrupción descarta consecuencias penales. Aunque inicialmente apreciaba posibles indicios de delito de prevaricación, Anticorrupción concluye, a raíz de las alegaciones presentadas por Jurado, que no hubo dolo, requisito ineludible para acusarla de ello.

Archivo de la Fiscalía

Además, la Fiscalía de Ibiza archivó una denuncia por los mismos hechos al no apreciar indicios suficientes de comisión de un delito. Un responsable de la oficina anticorrupción se reunió con la jefa de la Fiscalía de Ibiza y ésta le informó de que sólo habían observado posibles irregularidades administrativas.

En julio del año pasado, tres meses después de haber dictado la resolución, Anticorrupción solicitó al Consell que le informase de las medidas adoptadas, pero aún no ha recibido respuesta. El vicepresidente primero, Mariano Juan, explica que aun no se ha hecho porque, primero, se debe resolver el pago de 2,2 millones de euros en facturas que Amadiba reclama por los servicios prestados entre 2017 y 2019 sin haber cumplido por parte de la institución insular el proceso administrativo que corresponde y sin fiscalización previa de Intervención.

Juan indica que los servicios técnicos están buscando toda la información para comprobar que el servicio reclamado se ha prestado y a precio de mercado. Para ello, no sólo se ha pedido información a Amadiba, sino también a los responsables políticos del pasado mandato, entre ellos al expresidente, Vicent Torres.

Según Amadiba y la exdirectora insular de Igualdad, Judith Romero en una declaración ante notario, el expresidente encargó al departamento de Bienestar Social que hiciera todo lo necesario para que a partir de 1 de julio de 2017 fuese «una realidad» que todos los usuarios de Amadiba pudieran ser atendidos en la isla. Eso fue en una reunión en abril de 2016 en la que también estaban Jurado y Romero, en la que responsables de Amadiba propusieron la creación de una red de servicios de atención diurna y residencial para personas con discapacidad intelectual y menores con alteraciones de conducta.

Vicent Torres rehúsa colaborar

Torres, que actualmente es el portavoz del grupo del PSOE en el Consell, ha eludido participar en el proceso iniciado por la institución para aclarar los hechos al objeto de pagar la deuda pendiente. El expresidente se negó a mediados del pasado mes de diciembre a recoger en su despacho del Consell una notificación con una serie de preguntas sobre la contratación verbal de Amadiba. «Si ningún cargo político se responsabiliza difícilmente se pueden pagar las facturas», indica el vicepresidente primero, que justifica que, una vez cerrado este expediente y saldada la deuda (de lo contrario el Consell podría incurrir en enriquecimiento injusto), se podrán depurar responsabilidades como requiere la oficina anticorrupción.

La resolución de la oficina contra la corrupción destaca que la contratación de Amadiba fue verbal, lo cual está expresamente prohibido por la ley, salvo en casos de emergencia. En enero y marzo de 2018 se firmaron sendos contratos con Amadiba precisamente para poder abonar las facturas por los servicios prestados, pero dichos documentos no se tramitaron formalmente. «No es un contrato administrativo tal como establece la ley de contratos del sector público ni figura informe jurídico ni de Intervención», advierte.

Informe del servicio de Menores

La oficina anticorrupción también destaca que una técnica del Consell emitió un informe en febrero de 2017 sobre un menor de Ibiza que recibía atención de Amadiba en Mallorca y que apuntaba que debía seguir recibiendo tratamiento en el mismo centro y que un eventual cambio podría suponer «un grave perjuicio» y «un retroceso en su evolución».

Así, Anticorrupción apunta que Jurado «no puede justificar la ilegal tramitación de la contratación por la necesidad y urgencia de un servicio como el del traslado de un menor de Palma con un informe de la sección de Menores del Consell en contra» y cuando, además, en febrero de 2020, Amadiba devolvió al Consell las llaves del piso. Jurado alegó que lo hizo por el impago de las facturas.

La resolución considera que Amadiba obtuvo «una posición privilegiada» sin disponer de título para ocupar dicho inmueble (contrato de cesión o arrendamiento o cualquier documento que justificase su uso). De hecho, el Consell Executiu denegó el 3 de julio de 2017 la cesión del piso a Amadiba, pero la exconsellera de Bienestar Social siguió adelante y firmó en febrero de 2018 la autorización de la puesta en marcha del servicio en dicho inmueble.

En sus alegaciones, Jurado defendió ante Anticorrupción que existía «una imperiosa necesidad» de solucionar una situación que se gestionaba de la misma manera desde hacía 10 años y que otras entidades también prestan servicios similares con «trabas» por parte del secretario del Consell.

También apuntaba el desconocimiento de la realidad social de Ibiza por parte de la Oficina de lucha contra la corrupción, a lo que esta responde que esto «no justifica la tramitación irregular de la cesión del piso». «El sistema de contratación debería haber pasado por un procedimiento de concurrencia competitiva respetando en todo caso los principios de transparencia e igualdad de oportunidades», destaca.

Revisión de oficio denegada

Anticorrupción señala que la solicitud de un dictamen al Consell Consultiu sobre la revisión de oficio de la autorización de la puesta en marcha del servicio es una prueba de las irregularidades cometidas. El Consultiu resuelve en contra de la revisión de oficio, pero apunta que el Consell podría tramitar un recurso de lesividad para obtener la anulabilidad pretendida. Pero no era esa la intención. De hecho, la exvicepresidenta segunda, Viviana de Sans, presentó una declaración jurada en la que explicaba que ante la situación de «bloqueo» por parte del secretario del Consell, que no autorizaba el pago de las facturas, se pidió dicho dictamen para que «le aclarase» que la tramitación fue correcta y que la cesión del piso constituía de hecho el título habilitante requerido para autorizar el servicio de residencia.

Podemos alegó un trato «conflictivo» y el «sabotaje» del secretario del Consell

La resolución de la oficina contra la corrupción evidencia las fricciones que se produjeron en el pasado mandato entre Podemos y el secretario del Consell. La exvicepresidenta segunda Viviana de Sans, de Podemos, presentó una declaración jurada en la que explicaba una serie de trabas del secretario en diversos asuntos, hasta el punto que se redactó un escrito en el que se pedían explicaciones pero que finalmente, para «evitar otros bloqueos», se retiró.

Tampoco hicieron uso de otras vías legales para denunciar dichos hechos. La alegación señala que se paralizaron otros expedientes pero que acabaron resolviéndose con retraso. En las alegaciones también se apunta que existía «un trato conflictivo e insufrible» entre la Secretaría General y el departamento de Bienestar Social con entidades y asociaciones y que «la falta de un canal de comunicación adecuado y las difíciles relaciones políticas derivaban en un sabotaje de los asuntos esenciales para la gestión esta conselleria».

Pese a este relato, la oficina anticorrupción concluye, en aplicacIón de la normativa que regula el régimen jurídico de los secretarios y la ley de contratos públicos, que el funcionario no bloqueó nada ni hubo una actuación contraria a Derecho, pero sí se evidencia que había «una posible enemistad entre éste y Jurado».

Durante el trámite de audiencia de la denuncia se aportó un informe de una técnica del Consell que apuntaba que en 2017 «la mayoría de asociaciones sociales se hallaban sin autorización y acreditación como exigía la ley de servicios sociales de Balears». También exponía que el Consell había cedido otros inmuebles a otras asociaciones de manera irregular, igual que en el caso de Amadiba. A ello, Anticorrupción responde que lo que se cuestiona no es la necesidad o justificación de la cesión del inmueble para la prestación del servicio, sino el procedimiento: «La cesión gratuita [de la vivienda] sin justo título».


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