La aprobación del decreto con la nueva orden insular de carga y descarga del taxi consensuada por el Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la isla tendrá que esperar una semana más, cuando todo el gobierno autónomo que preside Francina Armengol se desplace a Ibiza para celebrar el Consell de Govern, la reunión semanal en la que se despachan y aprueban los asuntos de la Comunitat Autònoma.
En el orden del día del primer Consell de Govern que se celebra en Ibiza esta legislatura figurará, según las fuentes consultadas, la aprobación de un decreto para que la orden insular de carga y descarga del taxi se apruebe por la vía rápida y entre en vigor de forma inmediata. Hay que tener en cuenta que, con este decreto, se resolverá la crisis del servicio del GPS de Vila (se regularizará por fin su funcionamiento en toda la isla) y se aprobará una subida, aunque aún insuficiente, de las tarifas.
La nueva normativa insular del taxi también eliminará las preferencias en las paradas siempre y cuando haya gente esperando, lo cual afectará sustancialmente a la recogida de viajeros en el aeropuerto. Ahora, los taxistas de Sant Josep tienen prioridad, hasta el punto de que si un taxi de Santa Eulària, por ejemplo, está a punto de cargar un viaje y aparece uno de Sant Josep, le debe ceder la carrera. Con el nuevo decreto, cuando haya cola, no habrá ningún tipo de preferencia. El presidente de la Asociación de Taxistas de Sant Josep se opone a ello, mientras que los de Santa Eulària y Sant Joan consideran que será beneficiosa para los usuarios.
También se espera, según fuentes del Consell, que el Govern aproveche el hecho de estar en Ibiza para aprobar el decreto con los cambios normativos acordados para aumentar este verano la eficacia de la lucha contra la organización de fiestas ilegales. De hecho, la consellera balear de Presidencia, Mercedes Garrido, anunció a finales de abril en Ibiza que en el próximo Consell de Govern se iba aprobar una modificación de la normativa de Actividades, mediante un decreto ley, para actuar con «contundencia» contra la proliferación de fiestas en chalés. Pero aún no se ha hecho.
Una de las novedades de esta normativa es el régimen sancionador, con multas de 300 euros para los asistentes a las fiestas ilegales. Los organizadores, comercializadores y colaboradores se enfrentarán a una multa de entre 100.000 y 300.000 euros, con el agravante de que si existen quejas vecinales, dicha cuantía no bajará de 150.000 euros.
Los propietarios de las casas se enfrentarán también a una sanción de 100.000 euros como mínimo si no pueden demostrar que no sabían nada. También pueden perder la licencia de vivienda vacacional.
La última vez que el Consell de Govern se celebró en Ibiza fue el 15 de febrero de 2019, en la recta final del pasado mandato. Entonces, se aprobó el convenio entre el Govern y el Consell para la construcción de la escuela de hostelería en sa Coma.
Unos meses antes, en septiembre de 2018, el Consell de Govern se trasladó a Formentera para aprobar el proyecto de ley de regulación y limitación de la entrada de vehículos en esta isla. También se aprovechó esa ocasión para cerrar la compra de la casa de sa Senieta donde se ubicará el futuro Museo de Formentera.
