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Desalojada la vivienda okupada propiedad de Sant Antoni donde se hacían fiestas y peleas de gallos

La pareja okupa abandonó la casa sin oponer resistencia una hora después de que se presentaran los agentes con una orden judicial

Efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil durante el desalojo de la vivienda Ayuntamiento de Sant Antoni

Un operativo especial formado por once agentes de la Policía Local de Sant Antoni y una patrulla de la Guardia Civil procedió ayer al desalojo de la vivienda Can Miquel d’en Pareta (Sant Mateu), propiedad del municipio tras la donación del propietario. Se presentaron en el inmueble alrededor de las diez de la mañana y la pareja okupa, que se encontraba en ese momento en el interior, salió 50 minutos después sin oponer resistencia.

Llevaban allí instalados más de un año; concretamente desde el 20 de marzo de 2021. Durante estos más de 13 meses, tanto la pareja como algunos familiares que también han residido en la vivienda hasta hace una semana (según confirmaron ellos mismos ayer), han organizado fiestas ilegales y peleas de gallos, además de causar molestias a los vecinos.

Según explicó la concejala de Gobernación, Neus Mateu, en una de las fiestas organizadas el pasado verano en esta vivienda se demostró, con informe del detective privado del Consell de Ibiza, que había «indicios claros de una actividad organizada con pago de entradas», incumpliendo así la Ley de Actividades en base a la cual se ha tramitado una sanción de 30.000 euros.

«Tenían seguridad privada en el camino de acceso y se comprobó que cobraban entrada a los asistentes», señaló Mateu. Esto sucedió durante la temporada pasada, pero, una vez finalizada, organizaban peleas de gallos, añadió la concejala. «Hay informes de la Policía Local que constatan que se hacían, incluso, cuando había restricciones sanitarias por la pandemia», explicó. Se llegaron a contabilizar hasta una treintena de vehículos en los alrededores de la vivienda.

Además, son varias las quejas de los vecinos que aseguran que han sufrido cortes de luz al sabotearles los contadores, también de mangueras, además de las molestias que dicen que sufrieron en reiteradas ocasiones por los vehículos «de alta gama» que accedían a la propiedad okupada.

Aviso

A pesar de que los okupas estaban avisados del desalojo, ayer solicitaron «unos días más» a los agentes que se personaron en la vivienda. En este sentido cabe recordar que, tras el acuerdo adoptado en el pleno municipal celebrado el pasado 24 de febrero, se inició expediente de ejecución forzosa mediante decreto el 3 de marzo, en el que se les concedió a los okupantes del inmueble un plazo de 24 horas a contar desde la entrega de la notificación para que la desalojaran.

También se les apercibió de que, si no se iban de manera voluntaria, el Ayuntamiento procedería a la ejecución subsidiaria del acuerdo de recuperación de oficio, previa autorización judicial.

Al no abandonar se solicitó autorización judicial para la entrada en el inmueble a fin de tomar posesión del mismo, que fue concedida el 7 de abril. Una vez notificada, se les informó de que se procedería al desalojo forzoso en el plazo de diez días.

Después de abandonar la vivienda, el Ayuntamiento de Sant Antoni procedió a la instalación de una alarma, al cambio de todas las cerraduras y al tapiado de las ventanas que no tenían rejas. Además, hasta la finca de Sant Mateu acudió el servicio de animales Can Dog para la recogida de un perro, varios gatos con sus camadas y gallinas.

Contrato falso

Asimismo, Mateu recordó que los okupantes de la vivienda presentaron un contrato de alquiler, que se demostró que era falso, para intentar justificar su situación y defender que eran víctimas de una estafa. «Es la excusa de manual de las okupaciones», reiteró.

«Tenemos el supuesto contrato, que nos lo dieron la primera vez que nos presentamos aquí, y la Policía Local se quedó una copia. Fuimos a buscar el domicilio del propietario que figuraba en los papeles y no existía esa dirección en Ibiza», especificó la concejala de Gobernación.

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