A raíz del debate por el contrato de ‘La vida Islados’, el equipo de gobierno aprovechó para sacar de nuevo a la luz supuestas contrataciones irregulares del anterior mandato. Entre ellas, la relacionada con la asociación Amadiba, dedicada a la atención y al apoyo integral a personas con discapacidad intelectual, que en 2018 reclamó al Consell una deuda de 1,5 millones de euros por diferentes servicios prestados y con base a dos contratos firmados sin seguir el correspondiente proceso administrativo y de fiscalización.
En esta línea, Javier Torres pidió a la oposición que eche la vista atrás si quiere hablar de transparencia. «Transparencia es investigar discretamente para intentar aclarar qué ha pasado con esos servicios prestados por la entidad Amadiba; dos millones de euros pendientes de pagar. Y cuando vamos a pedir explicaciones, por ejemplo a Vicent Torres, rechaza contestar. A lo mejor tendríamos que haber creado una comisión de investigación, pero estamos trabajando para arreglarlo», expresó. «No sé dónde está el contrato, creo que se firmó en un papel en un despacho. Es todo tan rocambolesco…», añadió.
También dijo que «igual hay que investigar lo de la incompatibilidad de altos cargos porque a lo mejor encontramos alguna sorpresa», dirigiéndose a Unidas Podemos. «Un exalto cargo de Podemos que se encargaba de ese área está trabajando en esa misma empresa contratada, pero eso no interesa» señaló Mariano Juan, que también habló de «un pufo en el consorcio sociosanitario por más de cuatro millones que los ancianos no tenían ni para comprar yogures».
Por su parte, el PSOE respondió diciendo que hacen «demagogia» e invitando al equipo de gobierno a que denuncie estas situaciones. Unidas Podemos se limitó a decir que, en la anterior legislatura, «también había facturas por más de un millón pendientes de pagar».
