El Consell de Govern ha acordado resolver el procedimiento sancionador incoado contra Urbanizaciones Costa de Ibiza, SL por una infracción grave de la Ley de Costas consistente en la reforma integral de dos viviendas y un almacén, la construcción de una piscina, cámara de máquinas y pérgola y obras diversas en exteriores, sin autorización ni declaración responsable, en una zona de servidumbre de protección de costas en Porroig, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia.
El importe de la sanción (321.657,17 euros) corresponde al 25% del valor estimado de las obras (1.286.628,70 euros), tal y como establece la Ley de costas en el caso de las infracciones graves.
El Decreto 96/1991, de 31 de octubre, sobre competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en la zona de servidumbre de protección de la Ley de costas, estipula que el órgano competente para resolver un procedimiento de este tipo es el Consell de Govern cuando la cuantía de la multa a imponer es superior a 150.253,03 euros.
El acuerdo incluye un requerimiento para que, en el plazo de seis meses, se restituyan las obras objeto del procedimiento sancionador a su estado legal anterior a la comisión de la infracción, previa solicitud de la oportuna licencia urbanística municipal.
En caso de incumplimiento, la Dirección General de Territorio y Paisaje podrá imponer multas coercitivas y proceder, en su caso, a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor.
Hay que tener en cuenta que esa medida, la de restitución, es imprescriptible.
La ejecución de las obras se denunció inicialmente en 2020 y, una vez constatado que la propiedad no había detenido las obras tal y como se le notificó, se requirió al Ayuntamiento de Sant Josep que, mediante la Policía Local, procediera a precintar los materiales y maquinaria de la obra.
