La promotora de unas obras en un restaurante de la playa de es Cavallet, en Sant Josep, dentro del Parque Natural de ses Salines, tendrá que pagar 10.057 euros de multa por colocar, de manera ilegal, pérgolas. La actuación ilegal consiste en la instalación de pérgolas en una superficie de 300 metros cuadrados.
El Consell de Ibiza informó ayer de que ha aprobado la sanción y ha ordenado a la empresa promotora de las obras el restablecimiento de los terrenos al estado anterior en un plazo de tres meses, según comunicaron ayer desde el gobierno insular.
De no hacerlo, la empresa se podría enfrentar hasta a «doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y con una cuantía en cada ocasión de 600 euros», remarcaron desde la institución.
Además, recordaron, en caso de negativa por parte de la empresa, el propio Consell podría llevar a cabo la orden de restablecimiento de la situación de la zona previa a las obras.
El vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, recordó en un comunicado que además de esta multa, la institución insular ya tiene en marcha la tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos que ascienden a los cuatro millones de euros. «Desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno del Consell se comprometió a luchar contra el intrusismo y perseguir a los infractores urbanísticos. Esta sanción es una prueba más del trabajo que está llevando a cabo el departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo y que demuestra que la impunidad se ha acabado», dijo Juan.
En relación al trabajo llevado a cabo por el Consell en este tipo de acciones, el gobierno insular quiso recordar el derribo que se llevó a cabo en septiembre de 2021 de una casa que se estaba construyendo de manera ilegal en una finca protegida, afectada por ANEI, APT de Costa y Xarxa Natura 2000, en la zona de Cala d’Hort, en Sant Josep.
En esa ocasión habían hecho un cierre perimetral con un «muro de hormigón de veinte centímetros de ancho, un metro de altura y una longitud de 44,30 metros», así como la construcción de una vivienda sobre una plataforma también de hormigón, que ocupaba 145 metros cuadrados totales. En el momento del derribo, según los técnicos, la construcción estaba al 30%. Los hechos se denunciaron meses antes, en marzo de 2021, y se paralizó la obra por no tener licencia. Finalmente, tres meses después el expediente se resolvió y la propiedad tuvo que restablecer el estado inicial de la finca y enfrentarse a una propuesta de sanción de 131.590 euros.
El PSOE tira de sarcasmo
Poco después de que el Consell enviara la nota de prensa sobre esta actuación urbanística el PSOE envió otra en la que manifestó su «satisfacción por la rectificación del PP, que ahora reconoce la importancia de la Oficina de Disciplina Urbanística del Consell, creada en 2018 por el anterior equipo de goberno progresista con el voto en contra del PP». Los socialistas matizan que los expedientes por valor de cuatro millones «son fruto de la puesta en marcha» de esta oficina «en la legislatura anterior gracias a la aprobación de la Ley de Urbanismo, que atribuyó a los consells la competencia en disciplina urbanística en suelo rústico protegido».
