La Dirección general de Transporte Marítimo y Aéreo del Govern balear ha abierto en lo que va de año 15 expedientes sancionadores a empresas dedicadas a los chárteres (alquileres de embarcaciones) en Balears. No hay ninguna de Ibiza pero tres son de Formentera.
El aumento del control sobre este tipo de actividad ha ido creciendo en los dos últimos años, de la misma forma que ha ido aumentando la oferta de este servicio dirigido a los turistas. Ahora, la conselleria balear de Movilidad y Vivienda, que dirige el ibicenco Josep Marí Ribas, ha facilitado los datos de los expedientes sancionadores abiertos en los últimos años, y anuncia un aumento de las sanciones para los infractores.
El año pasado, la citada dirección general incoó 64 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo en el conjunto de Balears. Una cifra que multiplica por tres el número de expedientes que se abrieron en 2019 (18) y en 2020 (15).
De estos 64 expedientes sancionadores de 2021, hubo sólo uno en Formentera y 15 en Ibiza. Del total de Balears, 35 de las infracciones fueron leves, 27 graves y dos muy graves.
Durante el año pasado se impusieron en las islas multas por valor de 77.000 euros por esta actividad, y desde el pasado mes de enero se han abierto 15 expedientes sancionadores (tres por infracciones leves y 12 por graves), ya sea por denuncias realizadas por la Guardia Civil o por los técnicos de la Dirección general a partir de información recibida de otros organismos.
Multas más elevadas
Respecto al régimen sancionador, el conseller detalló que se ha aumentado considerablemente la cuantía de las multas: «Aquellas infracciones leves que antes iban de 60 a 500 euros ahora son de entre 120 y 2.000 euros; las graves, que antes eran de 500 a 2.000, ahora pasan de 2.000 a 20.000 euros, y las muy graves, que antes eran de entre 10.000 y 100.000, ahora son de 20.000 a 200.000 euros», detalló el exalcalde de Sant Josep.
Estos datos fueron ofrecidos ayer por Marí Ribas tras la reunión que mantuvo en la sede de la conselleria de Movilidad y Vivienda de Palma con representantes de las entidades interesadas en colaborar en este operativo, como la Guardia Civil, Capitanía Marítima, Demarcación de Costas, Dirección general del Transporte, la Autoridad Portuaria de Balears (APB), PortsIB (que depende del Govern), Apeam (patronal de las empresas navieras) y las asociaciones de clubes náuticos y marinas de todas las islas.
El conseller, una vez finalizada la reunión, puso énfasis en la colaboración alcanzada, desde hace dos años, con otros organismos públicos con competencias concurrentes de control y vigilancia del dominio público marítimo, «para poner en marcha, este verano, nuevos dispositivos de control e inspección de las embarcaciones de recreo y evitar que se lleven a cabo actividades de alquiler náutico sin cumplir los requisitos legales para poder hacerlo».
El objetivo es «controlar e inspeccionar las actividades irregulares relacionadas con la actividad mercantil de alquiler de embarcaciones de transporte de viajeros, así como los fondeos en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados para ello», detalló Marí.
Controles de documentación
También se realizarán controles de documentación y permisos, así como de los títulos habilitantes de los patrones, avanzó el director general de Transporte, Xavier Ramis, que detalló que los mecanismos de inspección son, «por un lado, la realización de inspecciones in situ a las empresas del sector con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la legalidad en su actividad y, por otro lado, una revisión aleatoria de la documentación de las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter».
Durante el ejercicio de 2021 se presentaron en el conjunto de Balears un total de 3.415 declaraciones responsables de chárter náutico en vigor, y a 19 de abril de este año ya se supera esa cifra con 3.730 declaraciones, indicaron desde la conselleria.
