La promotora de obras de un establecimiento de la playa de es Cavallet, en Sant Josep, tendrá que pagar 10.057,60 euros de multa por instalar, de manera ilegal, 300 metros de pérgolas. El Consell de Ibiza ha aprobado la sanción y ha ordenado a la empresa promotora de las obras el restablecimiento de los terrenos al estado anterior en un plazo de tres meses, han comunicado desde el gobierno insular. De no hacerlo, la empresa se podría enfrentar hasta a "doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y con una cuantía en cada ocasión de 600 euros", han remarcado. Además, recuerdan, en caso de negativa por parte de la empresa, el propio Consell podría llevar a cabo la orden de restablecimiento.
El vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha recordado que además de esta multa, la institución insular ya tiene en marcha la tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos que ascienden a los cuatro millones de euros. "Desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno del Consell Insular de Ibiza se comprometió a luchar contra el intrusismo y perseguir a los infractores urbanísticos. Esta sanción es una prueba más de l trabajo que está llevando a cabo el Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo y que demuestra que la impunidad se ha acabado", ha afirmado el conseller.
Construcción ilegal en Cala d'Hort
En relación al trabajo llevado a cabo por el Consell de Ibiza en este tipo de acciones, el gobierno insular ha querido recordar el derribo que se llevó a cabo en septiembre de 2021 de una casa que se estaba construyendo de manera ilegal en una fina protegida, afectada por ANEI, APT de Costa y Xarxa Natura 2000, en la zona de Cala d'Hort, en Sant Josep.
En esa ocasión habían hecho un cierre perimetral con un "muro de hormigón de veinte centímetros de ancho, un metro de altura y una longitud de 44,30 metros", así como la construcción de una vivienda sobre una plataforma también de hormigón, que ocupaba 145 metros cuadrados totales. En el momento del derribo, según los técnicos, la construcción estaba al 30%. Los hechos se denunciaron meses antes, en marzo de 2021, y se paralizó la obra por no tener licencia. Finalmente, tres meses después el expediente se resolvió y la propiedad tuvo que reestablecer el estado inicial de la finca y enfrentarse a una propuesta de sanción de 131.590 euros.
