Sant Antoni tramita la legalización del Lidl sin el control de Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Sant Antoni tramita la legalización de la nave del centro comercial Lidl, en la finca sa Tanca, en la entrada de Sant Antoni, sin el control previo de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente de Balears ha inadmitido la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de legalización de la superficie comercial porque la ley estatal (21/2013) excluye de este trámite a aquellos proyectos que estén «parcialmente o totalmente ejecutados» sin que hayan sido sometidos previamente a este control por parte de la autoridad ambiental.

La resolución de la Comisión de Medio Ambiente explica que la modificación de la ley estatal de evaluación ambiental, en 2018, para introducir esta situación tiene la finalidad de «subrayar el carácter preventivo de la evaluación, especificando que no sólo se debe hacer antes de la aprobación o autorización del proyecto, sino que no se debe hacer en los proyectos que estén parcialmente o totalmente ejecutados que previamente no hayan sido sometidos a este procedimiento». «Es este el caso del proyecto presentado, en el que se pone de manifiesto que las instalaciones ya están construidas y que ya se lleva a cabo la actividad», añade la resolución.

Sobre las consecuencias de que el proyecto no pueda someterse al control de Medio Ambiente, fuentes de este organismo indican que le corresponde decidirlo al órgano sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Sant Antoni. Las mismas fuentes señalan que esta norma es demasiado rígida porque hay «muchos supuestos», no sólo el del Lidl, por lo que se están buscando «diversas vías» para que se modifique, ya sea a través de la ley estatal o autonómica, al objeto de «permitir regularizaciones que estén justificadas». Es decir, se interpreta que esta norma impide la legalización de construcciones que no fueron sometidas previamente a evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Sant Antoni interpreta de otro modo esta norma y considera que supone «una excepción» que no impide la tramitación del expediente de legalización de la superficie comercial. «La ley dice que están exentos de evaluación de impacto ambiental los edificios que ya están construidos», apunta una portavoz del Consistorio, que, al ser preguntada sobre si se puede, pues, seguir adelante con el expediente de legalización, responde: «Sí, la conselleria [de Medio Ambiente] dice que no hace falta evaluación de impacto ambiental por la excepción que marca la ley. Así se puede seguir el expediente de legalización».

Fraude de ley, según sentencia

El Consistorio tramita desde hace años el expediente de legalización del Lidl después de que, a mediados de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmara que el Ayuntamiento de Sant Antoni cometió «un fraude de ley» al conceder en junio de 2011 (durante el último gobierno de José Sala, del PP, cuando ya estaba en funciones a la espera del relevo de Pepita Gutiérrez) seis licencias de obra para construir y explotar cinco locales con actividades independientes de menos de 350 metros cuadrados con espacios comunes. De esta manera, se sorteó el hecho de que el plan urbanístico de Sant Antoni impidiese entonces edificar superficies comerciales de más de 350 metros cuadrados.

El tribunal señalaba que «la pretensión real» de Lidl era la de abrir un centro comercial y, al no cumplir los requisitos legales, optó por «defraudar» la normativa a través de la cobertura que prestan otros.

Posteriormente, el gobierno de Gutiérrez aprobó en 2014 una modificación puntual del plan urbanístico para permitir en la zona del Lidl grandes superficies comerciales, lo cual permitió que Mercadona pudiera abrir su centro de Sant Antoni. Dos años antes, en 2012, el Govern balear concedió al Lidl licencia autonómica de gran establecimiento comercial.

Sin embargo, la sentencia del tribunal balear puntualizaba entonces que «no es posible jurídicamente que la licencia autonómica posterior convalide las municipales obtenidas previamente ni que deba entenderse como un defecto subsanable o subsanado».

La revisión de oficio se dejó caducar y no se abrió un expediente de sanción

El anterior gobierno municipal del PP inició un expediente de revisión de oficio de las licencias otorgadas al Lidl, pero según informó en el pasado mandato el gobierno progresista de PSOE, Pi y Reinicia, «no se hizo nada y se dejó caducar». Además, pese a que en octubre de 2012 la arquitecta municipal emitió un informe en el que consideraba que se tenía que abrir un expediente de infracción urbanística, tras constatar que se habían llevado a cabo ampliaciones y modificaciones del centro comercial sin permiso, no se hizo. El anterior gobierno indicaba en febrero de 2016 que con el proyecto de legalización iban a quedar subsanadas las ilegalidades, aunque sin el pago de una sanción. Una portavoz municipal informa de que actualmente el expediente de legalización está en suspenso, a la espera de los informes sectoriales de Movilidad y Recursos Hídricos.

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