Los policías no habían visto nada igual. El piso de la calle Picasso número 20 de Ibiza en el que se hacinaban las mujeres nigerianas forzadas a prostituirse por una red de tráfico y explotación sexual era una cárcel insalubre. El operativo policial que culminó con la desarticulación de la organización criminal irrumpió en el piso el 17 de agosto de 2016: los policías que participaron en el registro describieron en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid entre el 5 de octubre de 2021 y el 13 de enero de 2022, «las lamentables condiciones en las que se obligaba a vivir a las víctimas», según expone la sentencia.
«El olor era nauseabundo… sin ventanas… tuvimos que poner ventiladores para que el olor saliera… insalubre completamente. Impresionante», relató uno de los policías, que advirtió: «No estamos delante de un relato de una prostituta que tenga intención de conseguir dinero de manera interesada, sino ante un relato de sufrimiento». En este piso, de 30 metros cuadrados, se hacinaban 17 mujeres (13 de ellas, víctimas), según informó en 2016 el Cuerpo Nacional de Policía; debían compartir camas, dormir en el suelo o en el sofá y solo podían salir acompañadas para comprar comida o prostituirse (no tenían llaves), pues estaban sometidas a un control permanente.
Todas las víctimas «fueron coaccionadas y forzadas al ejercicio de la prostitución y al pago de las importantes cantidades de dinero que, de manera arbitraria, la organización fijaba y con las que se lucraba. Después de haber sido engañadas para emprender un penoso viaje de miles de kilómetros, bajo la promesa de unas mejores condiciones de vida», agrega la sentencia de la Audiencia Provincial. Los traficantes de mujeres se aprovechaban del escaso nivel sociocultural y económico de las víctimas, que ni siquiera sabían el equivalente en nairas (la moneda nigeriana) de la suma en euros a que ascendía la deuda que la banda les exigía.
Las víctimas: nigerianas pobres
Todas las víctimas eran nigerianas pobres y creían que al final del viaje les esperaba una oportunidad para prosperar como peluqueras, limpiadoras, costureras o cuidando niños; soñaban con poder ayudar a su familia. Pero encontraron el infierno de la esclavitud sexual y la imposibilidad de escapar. La trama operaba al menos desde el invierno de 2014, según la sentencia, que relata que captó a mujeres jóvenes, incluso menores de edad. Las víctimas eran sometidas a un rito vudú y vivían con el terror a las consecuencias, para ellas y para su familia, que podría acarrear negarse a cumplir las órdenes de la red para pagar la «deuda» y recurrir a la policía: la muerte o una desgracia como la locura.
Eran sometidas a un rito vudú y vivían con el terror a las consecuencias, para ellas y para su familia, que podría acarrear negarse a cumplir las órdenes de la red para pagar la «deuda» y recurrir a la policía: la muerte o una desgracia como la locura
«Las víctimas, engañadas por la falsa promesa de conseguir una vida mejor en Europa, después de ser sometidas a rituales de vudú como amenazador y supersticioso elemento de control y restricción de su voluntad y libertad de movimientos, fueron trasladadas, primero por carretera hasta el norte de África [a Libia o Marruecos], después cruzando el Mediterráneo (viaje en el que su vida corrió serio peligro) hasta su llegada (algunas pasando por Italia) a España», continúa la sentencia. En los rituales de vudú los miembros de la banda hacían cortes a las víctimas para que sangraran y les arrancaban pelo de la cabeza y vello púbico.
Solo el viaje ya fue aterrador para estas mujeres. Algunas tardaron meses en llegar desde Nigeria hasta el norte de África; sufrieron abusos sexuales y agresiones. Tuvieron que embarcar en pateras abarrotadas, precarias, a merced del oleaje, a punto de hundirse, sin agua, comida ni chalecos salvavidas; cuentan que temieron morir en una larga travesía con mala mar de la que algunas fueron rescatadas por patrulleras italianas. Hubo mujeres, las que llegaron a Italia, que pasaron por campos de refugiados en Sicilia, Milán, Bali o Lampedusa, de donde las sacó un miembro de la trama y les proporcionó documentación falsa para viajar hasta España en autobús, con el fin de obligarlas a prostituirse y a entregar todo lo que ganaran a la organización.
En España las obligaron a vivir en pisos de miembros de la red que están en paradero desconocido y de personas que colaboraban con la banda en Fuenlabrada, Humanes (localidades de Madrid), Castellón e Ibiza; estaban encerradas, vigiladas, y no podían salir solas.
Prostitución en Ibiza en verano
Las mujeres eran movidas como ganado por el país para sacarles el máximo beneficio: antes de la temporada, las trasladaban a Ibiza, donde las encerraban en el piso de la calle Pablo Picasso y en el de los Apartamentos Bon Sol, de los que solo salían para prostituirse. El resto del año las obligaban a practicar la prostitución en el polígono La Cantueña de Fuenlabrada y en Castellón. Tenían que entregar todas las ganancias para pagar la deuda y la manutención que les imponía la organización. Trabajaban en jornadas de más de 14 horas y si no conseguían suficiente dinero, las golpeaban o las ponían de rodillas durante horas.
Antes de la temporada, las trasladaban a Ibiza, donde las encerraban en el piso de la calle Pablo Picasso y en el de los Apartamentos Bon Sol, de los que solo salían para prostituirse
La red tenía una organización presente en todas las etapas del viaje de las mujeres, que cubría desde Nigeria hasta Libia, Marruecos, Italia, España (Fuenlabrada, Humanes, Castellón e Ibiza), con miembros que se ocupaban de distintas tareas: captar a las mujeres, hacerles el rito vudú, controlarlas, trasladarlas, proporcionarles documentación falsa, obligarlas a practicar la prostitución y recaudar el dinero que obtenían.
Era una «agrupación delictiva, estructurada y jerarquizada», según sostiene la sentencia, que relata: «Las víctimas, que inicialmente han sufrido los padecimientos de un viaje en condiciones penosas, han sido sometidas a prostitución forzada. Día tras día. En una monótona, agotadora y alienante actividad. Durante, insistimos, largos periodos de tiempo. Acompañadas de otras víctimas. Un número importante de ellas. Con movilidad geográfica y variación en la presencia de mujeres que formaban parte del grupo explotado. También en las personas que controlaban, imponían y se lucraban vulnerando y restringiendo su libertad ambulatoria y su libertad sexual».
En Fuenlabrada, tenían que entregar un mínimo de 500 euros a la semana, y en Ibiza, 1.000 o 1.500. En la isla las obligaban a prostituirse en Platja d’en Bossa y Sant Antoni. El Cuerpo Nacional de Policía informó en septiembre de 2016 que la organización controlaba las principales zonas de prostitución de la isla. Entre las dos responsables de la organización (que fueron detenidas, pero que huyeron cuando fueron puestas en libertad, y no han sido juzgadas) «tenían totalmente controlada la prostitución callejera en las zonas más exclusivas de la isla», informó la Policía. Estas dos proxenetas «estaban absolutamente especializadas en la trata y explotación sexual de ciudadanas nigerianas, actividad a la que llevaban dedicándose desde hacía mucho tiempo», añadió la nota difundida tras la operación policial, que permitió liberar a 21 mujeres y detener a 23 personas, y se desarrolló en nueve provincias de España.
Los informes de trabajadoras sociales, psicólogas y miembros de ONG especializadas en el rescate de mujeres víctimas de trata y explotación sexual destacan los profundos daños y traumas que tienen a causa del sufrimiento y la violencia que han padecido. De hecho, algunas incluso se niegan a ser tratadas y a relatar lo que les ha ocurrido.
"Condiciones infrahumanas"
Otra policía que entró en el piso de la calle Pablo Picasso declaró en el juicio que las víctimas se encontraban «en condiciones infrahumanas» y describió el panorama como «desolador»: «Durante la diligencia me subían las cucarachas por encima. La insalubridad era tremenda. Después de 16 años en la Policía es de las imágenes que más me han impactado». La sentencia señala que «resulta estremecedor pensar en que se obligara a las víctimas a vivir durante meses en esas condiciones, mientras eran forzadas a ejercer la prostitución».
«Durante la diligencia me subían las cucarachas por encima. La insalubridad era tremenda. Después de 16 años en la Policía es de las imágenes que más me han impactado»
La operación policial también registró un piso de los Apartamentos Bon Sol, de la calle Manuel de Falla de Ibiza, así como dos viviendas de Fuenlabrada y el disco pub LYA de esta ciudad, una vivienda en Yuncos (Toledo) y otra en Múnich. Esta intervención, fruto de una investigación del Cuerpo Nacional de Policía, permitió la detención de 24 personas -siete de ellas en Eivissa-, todas nigerianas (doce mujeres y doce hombres), que fueron acusadas de delitos de trata de seres humanos, relativos a la prostitución, inmigración ilegal, falsedad documental, cooperación con organización criminal, lesiones y delito leve de lesiones. Doce de los acusados ingresaron en prisión provisional comunicada y sin fianza el 19 de agosto de 2016, dos días después del operativo policial.
En el piso de la calle Pablo Picasso los policías encontraron anotaciones manuscritas con nombres de mujer y cantidades, así como huchas de lata llenas de billetes con «mucho dinero».
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid aplica la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento estuvo paralizado desde el 8 de abril de 2020 debido a la pandemia de covid, que obligó a suspender el juicio oral, que se comenzó finalmente el 5 de octubre. Este año y medio de dilación sirvió también para que las dos principales cabecillas de la trama huyeran, por lo que no se las ha podido juzgar.
Las cabecillas de la red, huidas de la justicia
De los 24 acusados, 14 aceptaron acuerdos de conformidad con los relatos de los hechos y delitos a cambio de una reducción de penas, y el juicio siguió contra otros siete encausados, de los que dos fueron absueltos, tres condenados y dos huyeron. Además, se archivó provisionalmente la causa contra uno que estaba encarcelado en Italia hasta que pudiera estar a disposición del tribunal. Tres de los acusados huyeron antes del juicio: Rita Friday, Jennifer Ugbes y Twony Osas Aghu. Además, el día que acabó el juicio (el 13 de enero de 2022) el tribunal declaró la rebeldía de Queen Samuel, y el 11 de febrero, la de Joy Emokpae Kingsley. El juicio oral se desarrolló en 25 sesiones.
Entre los cinco acusados que escaparon de la Justicia figuran las dos principales responsables de la trama y a quienes las víctimas debían entregar las ganancias obtenidas por la prostitución, así como miembros de la red que controlaban a las mujeres. Diez víctimas declararon en el juicio como testigos protegidas.
Janet Ebagua, alias Sylvia o Blessing, ha sido condenada a 74 años de prisión por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos relativos a la prostitución (sobre cinco mujeres y una menor de edad) y otro delito continuado de inmigración ilegal en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial. Billy Ugiagbe Ogbomwan tiene una pena de 24 años de cárcel por delitos de trata de seres humanos y otro continuado de inmigración ilegal, mientras Efosa Idemudia ha sido sentenciado a cuatro años de prisión por un delito de cooperación con organización criminal. Además, Ebagua deberá indemnizar a tres víctimas con 60.000 euros a cada una; de forma solidaria con Idemudia, a otras tres víctimas con 60.000 euros a cada una, y Ugiagbe, deberá pagar a otras dos víctimas 40.000 euros a cada una.
La situación de las víctimas era terrible cuando llegaban a Ibiza, en las temporadas de 2015 y 2016: carecían de documentación y dinero, se encontraban en un país extranjero donde no tenían ningún vínculo y cuyo idioma desconocían
La sentencia explica que Janet Ebagua «recibía indicaciones de las responsables del entramado, controlaba los movimientos, el horario y el ejercicio coactivo de la prostitución por parte de las víctimas, recaudaba el dinero obtenido y se lo hacía llegar a las dos directoras de la trama, a quienes mantenía informadas». Efosa Idemudia hacía traslados de víctimas encargados por miembros de la red y facilitó al entramado su cuenta bancaria «para permitir que el dinero obtenido por la red se distribuyera entre sus miembros», agrega el fallo del tribunal.
La situación de las víctimas era terrible cuando llegaban a Ibiza, en las temporadas de 2015 y 2016: carecían de documentación y dinero, se encontraban en un país extranjero donde no tenían ningún vínculo y cuyo idioma desconocían, eran obligadas a prostituirse todas las noches y a entregar el dinero que consiguieran, estaban controladas de forma permanente, y sus guardianes las golpeaban si se negaban a obedecer y las amenazaban con matarlas. Las deudas que les reclamaban oscilaban entre los 25.000 y los 55.000 euros.
Una niña de 13 años, otra de 15
Una de las víctimas tenía 13 años cuando una mujer llamada Rita habló con su padre para llevársela a Europa. Fue trasladada hasta Libia en una patera grande donde viajaban unas 150 personas y pasaron tres días en el mar hasta que fueron rescatados. Rita, por teléfono, le indicó cómo escapar del campo de migrantes, y la niña llegó a Roma, desde donde viajó con un hombre enviado por Rita hasta Madrid (que le dio un pasaporte falso que luego le retiró) y luego a Ibiza, al piso en el que la localizó más tarde la policía. Fue en la isla cuando le dijeron que debía prostituirse cada noche, y se quedó «en shock». Cada semana debía entregar mil euros, además de la manutención; la golpeaban de forma habitual. Esta chica declaró que todas las mujeres de la casa sabían que era menor de edad. Su padre le informó de que debía pagar 35.000 euros.
También era menor de edad una víctima de 15 años que trabajaba como peluquera en Nigeria cuando en agosto de 2015 inició el viaje a Europa después de que se lo propusiera una mujer, Rita. Le dijo que en Europa sería peluquera y que a cambio debía devolver 39.000 euros, cuyo equivalente en la moneda local ignoraba. Antes de partir, la sometieron a un rito vudú en el que tuvo que jurar que si no devolvía el dinero o si acudía a la policía morirían ella y su familia. El viaje en patera de Libia a Italia fue horrible, como el de las demás víctimas; llegó a Italia, fue llevada a una casa, luego a Milán, Barcelona y finalmente Ibiza, donde se alojó en los Apartamentos Bon Sol con otras mujeres que también eran obligadas a prostituirse.
Miedo atroz de las mujeres al vudú
Algunas mujeres, tras ser liberadas por la Policía, tenían tanto miedo que no fue posible que una psicóloga estudiara el daño y las secuelas que habían sufrido, como el caso de la chica de 15 años, que «presentaba malestar, miedo y alta vulnerabilidad, negándose a relatar sus vivencias, por lo que no pudo establecerse un diagnóstico psicológico -detalla la sentencia-. Tardó mucho tiempo en reconocer que era menor de edad debido a que la madame le prohibía decirlo». La ONG Médicos del Mundo intervino porque la chica tuvo que someterse a varias revisiones por las enfermedades de transmisión sexual que sufría debido al ejercicio de la prostitución, y que todavía le provocan problemas de salud. «Siente mucho miedo del vudú y tiene la creencia de que su padre, fallecido durante este tiempo, ha muerto a través del vudú», agrega el texto del tribunal.
Algunas mujeres, tras ser liberadas por la Policía, tenían tanto miedo que no fue posible que una psicóloga estudiara el daño y las secuelas que habían sufrido, como el caso de la chica de 15 años
Una perito que elaboró un informe psicosocial e intervino en el juicio, educadora y coordinadora de la unidad de rescate de una ONG especializada en la atención a víctimas de trata sexual, donde lleva 22 años trabajando, relató que es tal el poder que tiene sobre ellas la creencia en el vudú «que no necesitan a una persona permanentemente controlando». Todas las víctimas nigerianas de Benin City con las que ha tratado a lo largo de su dilatada trayectoria habían sido sometidas a ritos vudú, tanto antes de salir de su país como ya en Europa. Esta profesional acudió con un equipo de la ONG a la zona de prostitución de Fuenlabrada, donde varias jóvenes le explicaron que «las trasladaban a Eivissa para ganar más dinero, en condiciones infrahumanas, hacinadas, comiendo mal, estuvieran bien o enfermas, debían prostituirse los siete días y tenían que entregar lo que recaudaban».
Una trabajadora social de una ONG especializada en acogimiento de víctimas de trata sexual hizo un informe pericial y declaró en el juicio que las testigos protegidas no ejercían la prostitución de forma voluntaria, «ni mucho menos. Se llevaba a cabo en penosas condiciones. Tanto durante la prestación de esta actividad (todos los días, buscando clientela de noche, con independencia de las condiciones meteorológicas) como en una de las viviendas en las que vivían. Hacinadas. Sin duda, una situación de esclavitud. Las víctimas sufrían el completo control de su actividad diaria, personal y profesional».
Las ONG evitan que dos mujeres sean prostituidas
La rápida intervención de agencias humanitarias y sociales evitó que dos mujeres víctimas de la organización fueran obligadas a dedicarse la prostitución a su llegada a España. Una de ellas arribó a Málaga en patera desde Marruecos (cayó al agua después de que la barca neumática en la que viajaba con otras muchas personas pinchara), y fue trasladada por las autoridades al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde fue derivada a una ONG, gracias a lo cual dos de los procesados no lograron su propósito de obligarla a prostituirse. Otra de las víctimas fue trasladada a un CIE donde fue acogida por varias ONG que se encargaron de su asistencia y alojamiento. A pesar de su rápido rescate, estas mujeres, como las demás, también sufrieron un trauma profundo.
La investigación de la trama la desarrollaron la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, las Ucrif de Palma, Madrid, Valencia, Barcelona y Toledo; las Brigadas de Extranjería de Ibiza, Guipúzcoa, Vitoria y Pamplona y el grupo de Extranjeros de Tudela. Además, colaboraron la Oficina de Investigación Criminal (BKA) de Alemania y los oficiales de Enlace de la Policía Nacional en la BKA y en la Dcpaf francesa. Europol coordinó las investigaciones realizadas fuera de España.
Más de cinco años después de esta importante operación policial, las principales responsables de esta organización criminal siguen huidas y no han sido juzgadas. Y las redes de trata y explotación sexual de mujeres se preparan para sacarle el máximo beneficio a otra temporada en Ibiza, gracias a la falta de escrúpulos y la complicidad de los hombres que pagan por estas esclavas.
El viaje terrible de una testigo protegida
El relato de una de las testigos protegidas que recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid es muy similar al de las demás víctimas. Fue captada en Nigeria antes del verano de 2015 por una mujer que ha huido de la justicia y que le ofreció gestionarle y pagarle el viaje a Europa, así como un trabajo digno con el que le podría devolver el dinero. Esta prófuga llamó a la víctima a su casa de Benin City, donde fue sometida a un ritual de vudú en el que le causaron lesiones con un corte y le arrancaron pelo de la cabeza y vello púbico. “Le hicieron jurar que devolvería la deuda y no acudiría a la policía”, relata la sentencia. La testigo protegida inició su viaje a principios de agosto de 2015 acompañada por terceras personas del entramado que la llevaron hasta Libia. Allí, embarcó rumbo a Italia con más de cien personas, que navegaron en una precaria embarcación durante dos días y sus noches sin chalecos salvavidas. Sufrieron mareos y desmayos, hacía muy mal tiempo y fueron rescatadas por patrulleras italianas, que les trasladaron a un campamento de refugiados en Lampedusa. Allí, contactaron telefónicamente con ella y enviaron a un hombre que en septiembre de 2015 la trasladó a Fuenlabrada, al piso de su captadora y su pareja. Al día siguiente, otra responsable de la trama, declarada en rebeldía por el tribunal, la trasladó a Ibiza, donde le dijo que debía prostituirse todos los días para saldar una deuda de 30.000 euros y pagar los gastos de alojamiento y manutención. “Recordó a la testigo el juramento que había prestado y le indicó que, de no pagar, algo malo le ocurriría a la testigo y su familia”, prosigue la sentencia, que explica que “si no ganaba lo suficiente, la mujer gritaba, insultaba y arañaba a la testigo”. Al final del verano la trasladaron al piso de Fuenlabrada, donde vivió con su inicial captadora, y fue obligada a prostituirse en el polígono de La Cantueña. Más tarde fue enviada a Castellón con la acusada Janet Ebagua, quien la controló en el “ejercicio diario de la prostitución”. En enero de 2016, la víctima fue llevada a Fuenlabrada por la responsable de la red, donde siguió siendo explotada sexualmente, y el 8 de mayo de 2016 el acusado Efosa Idemudia condujo a la mujer a Ibiza en avión. En la isla se alojó en el piso de la calle Picasso número 20 y fue obligada a practicar la prostitución hasta que fueron liberadas por la operación policial de agosto de 2016. Sin embargo, esta mujer rechazó la ayuda ofrecida y volvió a Madrid, donde “a instancias de un acusado continuó ejerciendo la prostitución hasta octubre de 2017 en el polígono de La Cantueña para saldar la deuda contraída con la responsable del entramado”, debido al miedo a las posibles represalias. Esta mujer sufrió un “grave daño moral y psicológico” como consecuencia de las traumáticas experiencias que que había vivido, relata la sentencia.
