La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha abierto una investigación sobre los gastos irregulares de la consellera exsocialista Marta Díaz en el pasado mandato, cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta segunda del Consell de Ibiza. Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer a este diario que esta investigación está «en trámite», después de que la Oficina Anticorrupción de Balears le haya trasladado el caso al apreciar «indicios de conductas y hechos presumiblemente delictivos». En concreto, un supuesto delito de malversación de fondos públicos.
La comisión de Asuntos Institucionales del Parlament balear acordó por unanimidad en febrero de 2020, a propuesta del PP, solicitar a la Oficina Anticorrupción de Balears que investigase el presunto uso fraudulento de fondos públicos por parte de Díaz.
Así, esta oficina, que depende del Parlament balear, inició una investigación y, al apreciar indicios de delito, su director, tal como prevé la ley 16/2016 que regula su funcionamiento y su independencia, interrumpió su actuación para dar traslado de la documentación del expediente y del informe a «las autoridades competentes». Además de la Fiscalía, también se ha trasladado el expediente al Tribunal de Cuentas tras detectarse «la existencia de una posible responsabilidad contable y administrativa».
La Oficina Anticorrupción de Balears concluye en su informe que, tal como reveló este diario en octubre de 2019, la consellera Marta Díaz utilizó presuntamente la tarjeta institucional para gastos no públicos. Por un lado, no presentó justificantes de todos los dispendios y, por otro, no aportó una explicación adecuada de la necesidad de los gastos que sí justificó, según apunta el informe.
Devolución de casi 3.000 euros
Inicialmente, Marta Díaz tuvo que devolver de su bolsillo un total de 1.585 euros de gastos con la tarjeta que no justificó (por ejemplo, en peluquería, dos entradas de cine y en gasolina a pesar de que no conduce, entre otros). Posteriormente, el Consell requirió a Díaz otro pago de 1.350 euros por gastos no justificados para asistir a eventos de moda y artesanía.
Aparte, tal como publicó este diario, la exvicepresidenta del Consell sí justificó otros gastos, que además fueron validados por los servicios técnicos del Consell, de difícil justificación, como copas de madrugada durante la feria Fitur de Madrid en enero de 2016 (56 euros por tres combinados de alcohol y otra bebida sin alcohol) o la compra de una crema de 44,50 euros en el aeropuerto de Orly de París, entre otros.
Díaz alegó ante la Oficina Anticorrupción que no era consciente de las irregularidades porque nunca recibió reparo alguno por parte de Intervención, por lo que el informe apunta que, en este sentido, el Tribunal de Cuentas debe dirimir si podría tener una responsabilidad contable. En todo caso, la Oficina Anticorrupción agrega que hay muchos gastos sin justificante, lo cual podría ser constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos. Por ello, se ha remitido el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, el informe indica que, por la falta de información aportada, no ha quedado acreditada la restitución de los fondos no justificados.
Negligencia de funcionarios
Por otro lado, la Oficina Anticorrupción también apunta que cuatro funcionarios que ejercieron la función de Intervención podrían tener una responsabilidad contable por «negligencia o demora» en el cumplimiento de sus funciones de control de los gastos públicos. También ve negligencia en el cumplimiento de las funciones de custodia de los fondos de los tesoreros que firmaron los documentos referidos a los reintegros. El informe señala que no hubo una revisión de los extractos bancarios y que, en el caso de que sí se hubiera hecho, se habría podido advertir de que las tarjetas bancarias se utilizaban para gastos que luego no se justificaban.
Tras la publicación de los gastos irregulares, el PSOE, ya en la oposición, forzó a Marta Díaz a dimitir, pero dos días después esta dio marcha atrás, se negó a devolver el acta de consellera y se dio de baja de su partido.
