La Federación Socialista de Ibiza reiteró ayer su defensa hacia las medidas de protección del territorio aprobadas por los últimos gobiernos progresistas en Balears. También acusó al Partido Popular de legislar y actuar para «ayudar a los especuladores, lo que acaba costando muy caro al conjunto de ciudadanos».

En un comunicado, los socialistas consideran que la sentencia sobre Benirràs, donde fueron anuladas licencias urbanísticas para proteger terrenos, «confirma que las políticas del PP de desprotección y de licencias exprés sólo sirven para que unos pocos se enriquezcan a costa del conjunto de la ciudadanía».

La portavoz Pilar Costa asegura en un comunicado que la protección «ha tenido y tiene un coste económico que se ha disparado precisamente por la irresponsabilidad del PP al dar licencias exprés». Según añaden en la nota, es una «lástima» que en pleno siglo XXI el PP «vuelva al pasado en su política más devastadora sobre el territorio».

El PSOE explica que la sentencia no fija las cuantías de las indemnizaciones y el procedimiento judicial y administrativo sigue abierto.

Según Costa, la sentencia es «una mala noticia» al verse perjudicados los esfuerzos en la protección territorial «por culpa de un PP que siempre ha legislado y ha actuado para ayudar a los especuladores, lo que acaba costando muy caro al conjunto de ciudadanos».

La portavoz recuerda, además, que, si no hubiera habido gobiernos progresistas, no estarían protegidos lugares como Cala d’Hort o ses Salinas puesto que el PP «siempre había defendido la edificación de estos espacios de protección», opina.

El PSOE defiende que el origen de la sentencia es la situación de suelos urbanos de Benirràs y de unas licencias concedidas «en cuestión de horas» por el Ayuntamiento de Sant Joan en 2007, cuando Diario de Ibiza publicó en exclusiva la inminente aprobación de una moratoria para proteger Benirràs. «Una situación nunca vista en aquel Ayuntamiento, ya que lo más habitual es que las licencias de construcción tardaran meses en concederse», añaden los socialistas.

Con la normativa urbanística del Govern de José Ramón Bauzá, los terrenos recuperaron la posibilidad de ser urbanizados, aunque quedó descartada en 2017 con el Govern de Francina Armengol, explica el PSOE.