Consell de Ibiza y Sant Joan destacan que la sentencia de Benirràs les exime de responsabilidad

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha emitido una sentencia que refleja que ni el Consell de Ibiza ni el Ayuntamiento de Sant Joan tienen responsabilidad alguna en la desclasificación y anulación de licencias urbanísticas en Benirràs.

Los propietarios afectados reclaman más de 170 millones, según ha informado el Consell de Ibiza, que indica que, en la sentencia, los magistrados han destacado que la argumentación del Govern no se sostiene y advierte que "la responsabilidad de la Comunidad en la imposible materialización de los derechos de los propietarios resulta incuestionable".

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Según el Consell, el Ejecutivo balear trató de responsabilizar al Ayuntamiento y al Consell por los efectos de la Ley de Urbanismo de Baleares de 2017.

"El TSJIB ha tumbado ahora las aspiraciones del Govern", que pretendía que Sant Joan abonara unas indemnizaciones equivalentes a 14 veces su presupuesto anual, indica la institución insular, que añade que, si la responsabilidad hubiera recaído sobre el Consell, la se enfrentaría a una sanción de hasta el 150 por ciento de su presupuesto.

Desde el Consell han señalado que sobre la sentencia cabe recurso y la obligatoriedad del Govern de calcular cuál es la deuda legítima que ahora tiene con los afectados por la desclasificación.

Una "injusticia consumada únicamente por el Govern"

Por su parte, el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, ha expresado su satisfacción con la sentencia sobre Benirràs y ha considerado que la resolución demuestra que el Ayuntamiento "nunca ha dado licencias de manera improcedente".

En un comunicado, Marí ha afirmado que los propietarios afectados por la anulación de licencias en Benirràs han sufrido una "injusticia consumada únicamente por el Govern".

Marí ha reiterado que el Ayuntamiento "siempre ha mantenido que nunca se había otorgado una licencia constructiva en la zona que estuviera mal dada" y, así, la anulación de estos permisos "sólo responde a la voluntad política del equipo de gobierno progresista de la Comunidad en 2017".

El alcalde ha recordado que, desde el primer momento, el Consistorio lamentó "la imposición a la que ha estado sometido por un Govern que ha interferido en la planificación urbanística del municipio por decreto ley y con absoluta unilateralidad".

Según el alcalde, en este caso se debería haber negociado con los propietarios con quienes se habría podido llegar a un pacto beneficioso para todas las partes.

El alcalde ha concluido que la sentencia "avala el comportamiento que en todo momento ha tenido el Ayuntamiento" y que exige al Govern responsabilidad por las decisiones unilaterales que, sin consenso, han dejado sin derechos a los propietarios de Benirràs".