El Consell de Ibiza se ha decidido a dar el paso para tratar de «solucionar definitivamente» algunos de los problemas que afectan al taxi, focalizados ahora en la falta de reglamentación del servicio de GPS. El vicepresidente segundo, Javier Torres, considera que ha llegado el momento de que los ayuntamientos cedan sus competencias del taxi al Consell y se cree un área de prestación conjunta en la isla. Y cuenta para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza. Aunque en la práctica el servicio del taxi ya funciona como un área de prestación conjunta, las competencias y decisiones dependen de los cinco ayuntamientos.
El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad de Vila, Aitor Morrás, se reunió ayer con Torres en el Consell y reconoció que la creación del área de prestación conjunta representa «una solución para mejorar la calidad del servicio en toda la isla», dijo Morrás, al tiempo que afirmó que espera que «el resto de municipios se sumen a una iniciativa que beneficiará al servicio del taxi y a los usuarios».
Como la falta de regulación del GPS a nivel insular ha llegado a una situación límite, con la decisión del Ayuntamiento de Ibiza de que, en cumplimiento de la normativa, se corte el servicio a los taxistas de fuera del municipio, el vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, asegura que «hay que actuar». Ya lo hizo, destaca, a principios de 2020 cuando, a raíz también del problema del GPS de Vila, que «no se llegó a cerrar», se consensuó con los ayuntamientos y el sector una orden insular de carga y descarga en la que se incluía la regulación del GPS único, cuya tramitación está «tardando mucho más de lo esperado».
Torres recuerda que en marzo de 2021 se envió al Govern balear el acuerdo alcanzado en Ibiza, pero hasta octubre no se obtuvo una respuesta, que, además, era en forma de «dudas». Se remitió luego al Consell Consultiu para que dictamine a qué institución le corresponde aprobar dicha orden y, cuando se preveía que la respuesta llegaría en dos meses, han pasado cuatro y aún no se sabe nada. «Me sabe mal haber confiado en que el Govern daría una respuesta rápida. Desconozco los motivos».
75% de la población como mínimo
Por ello, Torres ha convocado el lunes en el Consell a los cinco ayuntamientos de la isla para proponerles que cedan sus competencias sobre el taxi al objeto de crear el área de prestación conjunta y la aprobación de un reglamento insular. Otras veces en las que se ha hablado de esta cuestión, la última en septiembre de 2020, los ayuntamientos manifestaron sus dudas a la cesión de sus competencias.
Pero la ley de Ordenación de Transportes Terrestres determina que basta la conformidad de las dos terceras partes de los municipios, si representan el 75% de la población, para que la propuesta salga adelante. En todo caso, Torres afirma que «no quiere imponer nada, sino que haya un consenso».
Torres cree que se puede alcanzar un acuerdo con los ayuntamientos, pese a que estos no quieren perder, por ejemplo, sus ingresos por las licencias. «Entiendo que quieran mantenerlo. Hay mil maneras de encajarlo», apunta.
Sea o no ahora , el vicepresidente segundo asegura estar convencido de que «se acabará haciendo a la larga». Destaca en este sentido que «las condiciones están cambiando y vendrán dos cuestiones que afectarán al sector: el nuevo contrato del transporte público y las VTC. Habrá más opciones de transporte público».
Torres también admite que el Ayuntamiento de Ibiza está «obligado» a rescindir el convenio del GPS si la asociación mayoritaria de taxistas de la ciudad sigue prestando servicios a taxis de otros municipios. «No es un capricho de nadie. Una operadora de GPS presentó una denuncia [al sentirse perjudicada por el incumplimiento de la normativa del operador principal] y el Ayuntamiento tiene que actuar, de lo contrario estaría prevaricando. Nosotros no nos podemos poner de perfil y tenemos que coger el toro por los cuernos», dice.
De todos modos, Morrás advierte de que el intento de creación del área de prestación conjunta, cuya tramitación será larga, no cambia ahora nada con lo del GPS. «Estamos obligados a hacer cumplir la norma, al igual que el Consell con el taxímetro». De hecho, Morrás asegura no entender a aquellos que piden que se actúe «como si no pasa nada, en vez de colaborar en el cumplimiento de la normativa».
Entre el 'no' de Sant Antoni y las dudas del resto
La creación de un área de prestación conjunta es un viejo debate en la isla. El vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, ya lo planteó, en declaraciones a este diario, en septiembre de 2020. Entonces, el Ayuntamiento de Sant Antoni afirmó que no se contemplaba esta posibilidad, mientras que Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan respondieron que se debía estudiar bien una propuesta de este tipo y eludían pronunciarse.
Sant Josep recordaba que, en su caso, tiene unas necesidades muy específicas porque cuenta con el aeropuerto. Precisamente, con un área de prestación conjunta los taxistas de Sant Josep perderían la prioridad del servicio del aeropuerto, el punto de la isla que genera más actividad, y todo el año, para el sector. Sant Antoni perdería la exclusividad de algunas de las discotecas más concurridas.
