El Parlament aprobó ayer una moción de Més per Menorca, con transacción de Més per Mallorca, en la que se obliga al Govern a constituir un grupo de trabajo junto al Gobierno estatal para realizar un informe sobre la viabilidad de limitar las compras de segundas residencias por parte de extranjeros.
El objetivo es recabar información sobre las normas que impiden limitar la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros. Además, se deberán plantear alternativas para modificarlas, a la par que analizar qué casos existen en el ámbito europeo e internacional que puedan servir de referencia para Balears. El informe deberá estar listo en un año.
El primer punto, en el que se reclamaba establecer un régimen de regulación y limitación de los precios de alquiler de viviendas de Balears a través de una ley propia, no ha sido aprobado ya que solo constaba con el voto a favor de Més per Menorca.
Se insta al Ejecutivo autonómico a reforzar la inspección sobre las viviendas desocupadas
En otro de los puntos de la moción se insta al Ejecutivo autonómico a reforzar la inspección para determinar si las viviendas desocupadas constan en el Registro de viviendas desocupadas. Este ha contado con los votos en contra de PP, Cs, Vox y Maxo Benalal.
La encargada de defender la moción fue la diputada de Més per Menorca, Patricia Font. Aseguró que la vivienda es «un derecho y no una mercadería» y declaró que su partido «quiere garantizar que toda la ciudadanía de la isla tenga acceso a un lugar en el que vivir y desarrollar su proyecto vital».
Además de lo anterior, al Parlament exige al Ejecutivo balear que ponga todos los recursos necesarios para crear, en el plazo de seis meses, un índice de referencia de precios de vivienda que sirva como brújula para tener información sobre los precios del alquiler.
Podemos reclama que los propietarios de cinco viviendas sean grandes tenedores
Unidas Podemos decidió mover ficha durante el debate de la moción sobre la limitación de segundas residencias de extranjeros y reclamó que se reduzca de 10 a 5 el número de viviendas para ser considerado gran tenedor según la ley de Vivienda autonómica.
El diputado Pablo Jiménez explicó que su formación defiende un modelo de vivienda que se basa en la iniciativa pública, la promoción de vivienda pública de alquiler social, la regulación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas, al igual que se establece en la nueva ley estatal, pero defendió que las especificidades de Balears provocan que las islas necesiten «estar a la altura y poner a disposición de la ciudadanía los pisos que están vacíos, además de contrarrestar la brutalidad social de los fondos de inversión y la gran banca».
Jiménez envió un mensaje claro a sus socios, en especial al conseller de Vivienda, Josep Marí Ribas, al explicitar que «desde Unidas Podemos pensamos que habría que ser mucho más incisivos en las políticas de vivienda. Hace falta también vigilar y controlar la fiscalidad sobre la vivienda, especialmente sobre las sociedades patrimoniales, incluidas las Socimi o grupos de inversión en activos inmobiliarios, además de desarrollar el reglamento de la ley de vivienda balear para implementar su potencial normativo».
«Hay dos modelos contrapuestos: el que prioriza las actuaciones de compra de vivienda, las bonificaciones y la intervención del mercado y el que defiende la iniciativa pública y la vivienda como un derecho», añadió.
