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Sant Antoni da «tres días» a unos okupas para que desalojen la casa que ha heredado en Sant Mateu

Si no salen, la Guardia Civil podrá echarles sin una autorización judicial

El alcalde, en el centro, y detrás, Joan Torres, acude a su puesto, ocupado por el secretario. | VICENT MARÍ

El Ayuntamiento de Sant Antoni da tres días de plazo para el desalojo de la vivienda okupada de Sant Mateu heredada por la Administración local. Así lo ha acordado este jueves por unanimidad el pleno municipal, lo que activa el proceso para recuperar este inmueble (Can Miquel den Pareta) sin necesidad de solicitar autorización judicial. El propietario murió en noviembre de 2020 y dejó su casa al Ayuntamiento, que no había culminado los trámites para aceptar la herencia cuando ya habían entrado los okupas.

A mediados de marzo del año pasado, el Ayuntamiento denunció los hechos ante la Guardia Civil. Durante el pasado verano, los okupas organizaron numerosas fiestas ilegales, una de ellas detectada por los detectives contratados por el Consell de Ibiza.

A causa de las denuncias de los vecinos, la Policía Local se personó en el lugar en reiteradas ocasiones y, en una de ellas, en la que logró probar que se cobraba una entrada para acceder a la fiesta clandestina, se abrió un expediente de sanción, según la edil de Gobernación, Neus Mateu.

La concejala de Servicios Generales y Contratación, María García, ha explicado que a finales de noviembre el Consistorio culminó el proceso de aceptación de la herencia y fue en ese momento cuando se activó la tramitación del desalojo. Se notificó a los okupas, que no presentaron alegaciones, el inicio del expediente. Ahora se da el paso definitivo, instándoles a que abandonen el inmueble en tres días a partir del momento en que se les notifique. Si hacen caso omiso, se llevará a cabo la ejecución forzosa: el Consistorio dará un plazo de 24 horas más y, si tampoco se abandona la casa, la Guardia Civil, con la ayuda de la Policía Local, la desalojarán. Al ser un bien municipal, el Consistorio no tiene que pedir una autorización en los juzgados.

El PSOE pide seguridad privada

Los dos grupos de la oposición han apoyado el desalojo de la vivienda. El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, ha destacado que los okupas que se apropiaron del inmueble no lo hicieron por «necesidad», al tiempo que ha pedido que cuando se desaloje la casa se contrate un servicio de seguridad privada para evitar que, mientras no se le dé un uso, «no se repita la okupación».

El portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, ha recordado que su grupo siempre defiende que se tenga «una especial sensibilidad» cuando los okupas son personas «en riesgo de exclusión social». «Parece que no es el caso, que se lucran con una actividad ilícita», ha agregado.

El alcalde, Marcos Serra, ha dicho que se desalojará la casa «lo antes posible» y anunció «medidas», sin concretar, para que «no se repita».

Demolición en el Pla d'Aubarca

Por otra parte, el equipo de gobierno ha apoyado una propuesta de PSOE-Reinicia para que se ejecute la demolición de una vivienda ilegal en el Pla d’Aubarca. El alcalde, Marcos Serra, ha explicado que no sólo hay una sentencia firme que obliga a derribar la casa, construida sin licencia a partir de un almacén, sino que el Ayuntamiento ya ha impuesto a la propiedad 12 multas coercitivas por su negativa a ejecutar la demolición. Se hará de forma subisidiaria.

El pleno también ha dado el visto bueno a una propuesta de Unidas Podemos y El Pi con diversas medidas para hacer frente a la brecha digital.

La concesionaria del servicio de basura reclama más dinero

La UTE Portmany, concesionaria del servicio de recogida de residuos de Sant Antoni, reclama más dinero al Ayuntamiento tras la subida aprobada recientemente en virtud de lo previsto en el contrato. El pleno ha rechazado el recurso de reposición de la concesionaria en contra de la subida. El alcalde, Marcos Serra, ha defendido que el Ayuntamiento ha subido lo que corresponde por contrato, y que «no se va a ceder ante según qué presiones» ni «coacciones», mientras que la concejala de Gobernación, Neus Mateu, ha indicado que la concesionaria quiere que el Ayuntamiento pague hora «la diferencia de lo que se acordó en el tribunal de arbitraje con los trabajadores para evitar la huelga [en el verano de 2019]». «Pero no nos toca. No vamos a ceder», ha advertido Mateu.

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