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Ana Calvo: «El retraso en la renovación de la discapacidad en Ibiza me deja sin derechos»

La joven, con un 63% de discapacidad denuncia la complicación y la demora para renovar su acreditación en Ibiza

Ana Calvo, hace unos días, en el Club de Campo, donde trabaja.

Hace más de tres meses que a Ana Calvo se le caducó su discapacidad, bueno, los papeles que acreditan que la tiene, y aún no ha conseguido los nuevos. Esto le impide usar los aparcamientos para personas con discapacidad y acceder a los descuentos en la universidad, entre otros perjuicios. Y eso, a pesar de que tres meses antes de que vencieran ya pidió la cita para iniciar los trámites.

Ana tiene una discapacidad motora del 63% —«mucha gente se va a enterar ahora de que la tengo»— que recibió en 2004, un documento que tiene que renovar cada pocos años, pasando por un tribunal formado por un asistente social, un psicólogo y un médico, detalla. «El pasado verano, en julio, cuando vi que me caducaba el 31 de octubre, ya pedí una cita», relata Ana, que asegura que la solicitó con tanto tiempo porque es consciente del «mucho retraso» que suele llevar.

No recibió respuesta. Sólo después de «llamar y llamar y llamar» le confirman que tiene una cita, el 7 de septiembre, «pero que esa cita es para coger cita», ironiza Ana, que ya entonces empezó a intuir que el 31 de octubre no tendría renovada su discapacidad. «Me dijeron que la tramitación iba tarde», comenta Ana, que denuncia no sólo el retraso de los trámites sino los problemas de acceso de los usuarios al centro base del Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) en Ibiza. «Sólo atienden con cita, pero es casi imposible conseguir una», comenta la afectada, que señala que cuando, cansada de obtener el silencio por respuesta, se acercó a las instalaciones no la trataron de forma muy empática.

«Tengo mis derechos suspendidos», clama Ana, que detalla que no tener la documentación renovada supone tener que pagar «casi el triple» en la matrícula de la universidad, donde estudia Psicología, y también dificultades para moverse por la isla, ya que muchos días su «pie catastrófico» no le permite dar más que unos pasos.

Dos reclamaciones

Finalmente, a principios de diciembre, es decir, un mes después de que hubiera caducado su acreditación de discapacidad, Ana pasó el tribunal médico, que renovó su situación. Sin embargo, a día de hoy aún no tiene sus papeles: «Me han dicho que aún no están volcados mis datos por un cambio de sistema informático». Lo suyo le ha costado que le dieran alguna explicación. «Ahora mismo, si lo necesito, no tengo nada con lo que pueda acreditar que tengo una discapacidad. Aunque me haga falta para aparcar o, por ejemplo, en un avión», denuncia Ana, que ya ha puesto dos reclamaciones a las que nadie ha contestado. «Es lo único que te dicen, que pongas una reclamación, pero nada», señala. La primera la presentó el 3 de diciembre, cuando aún no había pasado el tribunal médico. «Mis enfermedades no entienden de tiempos. Mis derechos como persona con discapacidad están interrumpidos por un fallo del sistema. He llamado a Palma, he ido al centro base de Ibiza...», escribe Ana, que destaca en su texto que son muchos los afectados en Ibiza antes de continuar: «Mi movilidad reducida y problemas asociados de salud no han desaparecido». La segunda reclamación data del 31 de enero, muestra Ana, que confiesa que aunque es una mujer «muy luchadora» esta pelea con la burocracia la agota mentalmente. «Vas perdiendo la fe en el sistema, que cada día está más burocratizado y en el que hay personas con cero empatía», concluye.

La consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, reconoció ayer la demora que están sufriendo las renovaciones de discapacidad en la isla de Ibiza. «Nos falta un médico», justificó Santiago, que detalló que esta figura se está supliendo con el de Menorca, incorporado recientemente, que dedica «un día y medio o dos» a la semana a las valoraciones de Ibiza. La consellera confía en que en breve se pueda firmar «un contrato menor, de unos meses» para que atienda en la isla de forma presencial, lo que «reducirá» la demora.

Sanitarios para las valoraciones

De la misma manera, la consellera explica que esta situación se da en muchas comunidades autónomas, por lo que han «presionado al Estado» para que prepare un decreto que autorice a otros sanitarios, como los fisioterapeutas, no sólo a los médicos, a hacer las valoraciones. Esto, insiste Santiago, también ayudaría a solucionar este problema «estructural».

La consellera reconoce que a esto se suma, además, un problema con el sistema informático ocasionado por la importación de datos en el proceso de unificar en un mismo archivo la información de dependencia y discapacidad. «Los datos de las personas que solicitaron una revisión en junio, julio y agosto no migraron bien. Esto ha supuesto que de junio haya 754 personas pendientes y de diciembre, en cambio, 42. Confiamos en que esto pueda estar solventado en unas semanas», detalló la consellera quien, a pesar de todo, hizo hincapié en la reducción de la demora: «Ha pasado de once o doce meses a cinco».

Santiago señaló que una opción sería mantener la acreditación a las personas que hayan solicitado la revisión en plazo hasta que pasen por el tribunal, pero esto, insistió, no depende de la conselleria, «ya que se trata de una normativa estatal».

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