El Ayuntamiento de Sant Josep ha levantado la paralización de los trabajos de extracción de tierra en una de las dos fincas del Grupo de Empresas Matutes, en la calle Gamba Roja,al sur del hipódromo de Sant Jordi, sobre la que pesa una orden judicial que obliga a evacuar los áridos acumulados durante las obras de la autovía. El Consistorio ha dictado un decreto en el que, considerando las alegaciones de la concesionaria de la autovía del aeropuerto (UTE Accesos Ibiza) y la propiedad del terreno, retira la suspensión de la extracción de la tierra del pasado 25 de noviembre. Entonces, se ordenó la paralización de la actividad al no contar con ninguna licencia que la amparase.
La concesionaria de la autovía alegó que la conselleria balear de Territorio, Energía y Movilidad le obligó en julio de 2018 a retirar la tierra de las fincas 56 y 59 por mandato judicial, aunque inicialmente hizo caso omiso. De hecho, hasta marzo de 2021 no presentó un plan de trabajo ante la conselleria para evacuar los áridos.
El argumento principal para levantar la suspensión estriba en que, según la concesionaria, la retirada de la tierra forma parte de los trabajos de construcción de la autovía del aeropuerto (finalizada hace algo más de una década), la cual «no precisa de licencia de acuerdo con la normativa aplicable». También alegó que contaba con la autorización de la conselleria para acceder a las dos parcelas y «proceder a la retirada y gestión adecuada de los áridos acumulados».
Por su parte, para evitar una posible sanción, la propiedad alegó que la conselleria de Territorio, Energía y Movilidad es la que inició la retirada de la tierra y que, en ningun caso era iniciativa suya.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó a la Comunitat Autònoma a indemnizar con un millón de euros a la propiedad y a retirar la tierra de las fincas 56 (en la que se estaba trabajando hasta que Sant Josep paralizó las obras) y la 59, situada más al este, detras de las instalaciones de Aguamar, al estar fuera del pacto verbal de tierra para el campo de golf.
El pacto de la tierra del golf
En su día, el Tribunal Supremo tumbó la demanda de Matutes contra la UTE Accesos Ibiza para que le indemnizara y retirara la tierra acumulada en todas sus fincas de Platja d’en Bossa, tras confirmar que, pese a que el pliego de condiciones del contrato de las obras de la autovía contemplaba que la tierra de las obras se debía trasladar a una cantera en vía de regeneración, las dos partes pactaron, al margen del Govern balear, utilizarla para el campo de golf que Matutes proyectaba en Platja d’en Bossa. De esta manera, la constructora se ahorraba el traslado de la tierra a una cantera y la propiedad el coste de la misma.
Sin embargo, las fincas 56 y 59 quedaban fuera del campo de golf y, según el proyecto, eran zona de acopio temporal de la tierra, cuyo destino final también debía ser una cantera en vía de regeneración. De hecho, el decreto municipal que levanta ahora la suspensión de la extracción de tierra especifica que se deja sin efecto la orden de paralización sólo para la ejecución, tal como ha alegado la concesionaria, de los trabajos correspondientes al proyecto de la autovía del aeropuerto y el plan de trabajo autorizado por la conselleria. Así, se especifica que se debe retirar y trasladar los áridos al lugar autorizado según los pliegos y el estudio de impacto ambiental de la obra.
Cribado de la tierra
En este sentido, hay que tener en cuenta que los trabajos no se limitan a la retirada de la tierra, sino que previamente, en la misma finca, a través de diferentes máquinas de cribado, se filtran los áridos y se obtiene tierra de calidad para que se pueda aprovechar para algún uso. Esto supone un trabajo y un coste innecesario si la tierra se trasladara en realidad a una cantera en vía de regeneración. Este trabajo lo desarrolla la misma empresa que hace más de cinco años alcanzó un acuerdo con el Grupo de Empresas Matutes para retirar y comercializar la tierra de su propiedad. Las dos partes sostienen que Matutes cedió a Transportes Romero la explotación de la tierra «a cambio de nada».
De hecho, el Ayuntamiento ordenó la paralización de los trabajos que se ejecutaban en una finca afectada por el pacto del golf porque no se había tramitado ninguna licencia que amparase esta actividad y abrió un expediente sancionador tanto a Transportes Romero como a la propiedad. Fue en ese momento, tras la suspensión de los trabajos de extracción y comercialización de la tierra en esa finca, cuando las máquinas se trasladaron a la 56.
Multa de 765.000€ a la concesionaria de la autovía
El Govern balear ordenó en julio de 2018 la retirada de la tierra en las fincas 56 y 59 de Platja d’en Bossa, pero la concesionaria de la autovía (UTE Accesos Ibiza) hizo caso omiso, por lo que se le impuso diversas sanciones por valor de 765.000 años. En marzo del año pasado presentó a la conselleria de Movilidad un plan de trabajo para retirar la tierra en siete meses, que también se ha incumplido.
