El pleno del Parlament aprobó ayer martes modificar el decreto del Govern de julio de 2020 sobre medidas para hacer frente al covid introduciendo sanciones de 3.000 a 600.000 euros a quienes incumplan la obligación de solicitar el certificado covid en bares, restaurantes, gimnasios y eventos multitudinarios de Balears, un hecho que se recoge como infracción muy grave en la normativa y que hasta el momento no contaba con reglamento para poder sancionar. Hay que recordar que en julio de 2020, cuando se firmó el decreto, todavía no estaba contemplada la posibilidad del pasaporte covid.

Es la quinta ocasión que se modifica este decreto ley que se tramitará como ley en el Parlament, pero mientras tanto todo su contenido ya está en vigor desde el momento en el que la cámara autonómica lo ha validado, según reveló la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido.

La norma aprobada ayer lo que hace es tipificar como sanción grave o muy grave que los establecimientos de ocio, bares, restaurantes, gimnasios, entre otros, no controlen si sus clientes cuentan con el certificado covid. Actualmente en Balears se exige como requisito de acceso a diferentes actividades (gimnasios, congresos, toda la restauración, eventos deportivos y cines, entre otros) acreditar el estado de salud mediante certificado de la pauta completa de vacunación, de haber pasado la covid o prueba negativa. Son circunstancias que recoge el pasaporte covid, una herramienta oficial de la Unión Europea y que también se puede sustituir por otros documentos.

El decreto validado ayer por el Parlament tipifica también otras conductas e infracciones que incumplan las medidas anticovid establecidas por Salud. Es el caso de superar aforos de personas o incumplimientos de distancias. Las sanciones previstas en el decreto acordado ayer son de 100 a 3.000 euros para infracciones leves, de 3.001 a 60.000 euros para infracciones graves y de 60.001 a 600.000 euros para incumplimientos muy graves.

La validación del decreto fue aprobada en la Cámara autonómica por los partidos del Pacto, los votos en contra de Vox y la abstención del resto de formaciones políticas. La tramitación como ley se acordó por unanimidad.

Pese a ello, desde la oposición criticaron el «abuso» del Govern de la figura del decreto ley en vez de impulsar una ley. Juan Manuel Lafuente (PP) lo calificó de «decreto ley tutti fruti, un decreto ensalada». Por su parte, Patricia Guasp (Cs) acusó al Govern de volverse a «ensañar» con el sector de la restauración. El Pi y Mes per Menorca también criticaron el «exceso de decretos» del Govern.