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Diario de Ibiza

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Justicia

15 juicios suspendidos en Ibiza por una jornada de huelga

La protesta convocada por el colectivo a nivel nacional fue secundada por letrados de cinco de los trece órganos judiciales de la isla

Letrados de la Administración de Justicia y otros servicios judiciales ayer en la huelga. | VICENT MARÍ

Los letrados de la Administración de Justicia de Ibiza (antiguos secretarios judiciales) se concentraron ayer a las 12.30 horas a las puertas de los juzgados de sa Graduada para secundar la huelga convocada por la asociación Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).

Letrados de cinco de los trece órganos judiciales de Ibiza apoyaron la huelga convocada a nivel nacional en la que el colectivo pide una «adecuación salarial» y el reconocimiento de su derecho a la negociación colectiva propia. La concentración también contó con el apoyo del servicio común de reparto y registro y del servicio de notificaciones y embargos.

La paralización provocó la suspensión de 15 juicios de lo social y de tres lanzamientos judiciales de inmuebles, entre otras resoluciones y comparecencias. El servicio de guardia, las medidas cautelares, los juicios orales del orden penal, las actuaciones de Registro Civil de cumplimiento prioritario y las actuaciones relativas a la violencia de género se mantuvieron como servicios mínimos y esenciales de la actividad judicial.

Carlos Bendito, letrado del juzgado de instancia número cuatro, explicó que reclaman mejoras salariales y «reivindicaciones históricas al Ministerio que llevan desde el año 2009 sin cumplirse». Bendito recordó que hace 13 años los letrados de la Administración asumieron «un incremento en sus funciones de trabajo que no están reconocidas, atribuidas hasta el momento a los jueces». Por lo que piden que «se reequilibre el desajuste entre el salario y las funciones que desempeñan».

Negociación colectiva propia

El letrado añadió que durante la última negociación se les dejó «fuera» y los sindicatos «pactaron en nombre del resto de funcionarios sin tener en cuenta nuestras peticiones».

En este sentido, también reivindican «el reconocimiento del derecho a tener representatividad para negociar sus condiciones de trabajo con la Administración».

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