El informe de fiscalización de las cuentas del Govern de 2019, elaborado por la Sindicatura de Comptes, revela que el IB-Salut otorgó sobresueldos «irregulares» a 444 empleados, entre sanitarios y personal administrativo. La auditoria de la Sindicatura recoge el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que ya advirtió al IB-Salut de las irregularidades y solo en la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca las «retribuciones irregulares» son de 500.000 euros.

El síndico mayor, Joan Rosselló, presentó ayer el informe al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs. En las más de 200 páginas del ejercicio de 2019 da un serio tirón de orejas a la gestión del Govern, especialmente en materia de personal. Se muestra muy crítico con el IB-Salut, que le atribuye «desequilibrios financieros» de más de 220 millones y califica su situación de «fondo de maniobra negativo», lo que significa que si fuese una empresa privada estaría en suspensión de pagos.

En Atención Primaria se otorgaron pluses por conceptos como «productividad variable», «tutorías», «productividad de tarjetas sanitarias», «guardias especiales en festivos». Todos ellos son sobresueldos otorgados por decisión selectiva de los responsables del área, ya que desde la Sindicatura apuntan que «no consta que el IB-Salut iniciara ningún procedimiento». En concreto, se concedió 111.000 euros a 65 empleados por productividad variable; 61.000 euros a 27 personas de enfermería que realizan funciones de gestión; 55.000 euros a 94 personas que realizan tutorías, 104.000 euros a empleados por productividad de las tarjetas sanitarias, 68.000 euros a 95 médicos y 28.000 a enfermeras por guardias especiales en días festivos. Todos ellos son calificados de «retribuciones irregulares» tanto por la Sindicatura de Comptes como por la Intervención del Govern. Este mismo informe apunta que en 2018 el IB-Salut ya utilizó el mismo procedimiento entregando este tipo de pluses selectivos a más de 200 empleados.

El órgano fiscalizador de las administraciones de Balears también advierte al Govern de que incumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, prorrogado a 2019, al otorgar la llamada carrera profesional a los funcionarios.