La empresa Air Europa ha sido condenada por el Tribunal Supremo a devolver casi catorce millones de euros por el denominado fraude de los certificados de residente. Esta reciente sentencia agrava aún más la complicada situación de la empresa de aviación, después de que hace pocas semanas la sociedad Iberia anunciara su renuncia a comprar Air Europa, que se ha visto directamente afectada por la crisis de la pandemia sanitaria.
Esta última sentencia no hace más que ratificar una decisión judicial anterior, que le daba la razón al Estado ante la reclamación económica que había realizado a Air Europa. El Ministerio de Fomento, a través de la dirección general de Aviación Civil, había tramitado un expediente de reintegro para recuperar la subvención que había pagado de más a Air Europa en compensación por la subvención para viajar a los residentes de Baleares y de Canarias.
Catorce millones
El Estado exigió a la empresa de aviación que devolviera, por la bonificación indebidamente percibida, casi catorce millones de euros. Esta cifra era la suma entre el dinero público recibido y los intereses de demora que también debía abonar. La irregularidad en el cobro de dicha subvención se refería al periodo entre enero de 2009 y septiembre de 2010.
La empresa de transporte aéreo, después de ser inicialmente condenada, decidió acudir al Supremo, no tanto porque negara las irregularidades que le atribuía el Ministerio de Fomento, sino alegando que los hechos estaban prescritos y, por tanto, no debía pagar el dinero que se le exigía. La compañía denunciaba que se habían infringido una serie de artículos legales, que motivaban que la inspección iniciada por la Administración debía concluir en que se trataba de unos hechos ya prescritos.
La Administración acusó a Air Europa de inflar el precio de venta de los billetes de avión, comprados por viajeros con derecho al certificado de residente. Es decir, le atribuía una falsedad en los datos de venta, manteniendo el Ministerio que se habían vendido a precios más bajos, y por tanto con derecho a una bonificación inferior, a los que se declaraban para reclamar esta subvención.
Este caso fue incluso investigado por un juez de lo penal de la Audiencia Nacional. En la investigación se confirmaron las irregularidades de los datos de venta, pero no se pudo imputar a un responsable en concreto, por lo que el caso penalmente se archivó.
