El problema de las fiestas ilegales, acrecentado por las restricciones sanitarias al ocio nocturno impuestas durante la pandemia, fue uno de los temas centrales que se abordaron ayer en el pleno del Consell. El asunto lo puso sobre la mesa el Ejecutivo insular. que presentó una propuesta para instar al Govern a que lleve a cabo una modificación legislativa para dotar de más herramientas a ayuntamientos y policías locales para luchar contra la celebración de fiestas multitudinarias clandestinas. Fue aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno y de la consellera no adscrita Marta Díaz, que lamentó que «sea un funcionario del Consell quien haya hecho el trabajo que le corresponde al Govern». Unidas Podemos, «de acuerdo con el fondo de la cuestión», optó por abstenerse ante las dudas legales que les suscita el contenido del documento, que podría chocar «con leyes superiores», según explicó Antonio Saucedo. También se abstuvo el PSOE, que pidió que se hablara antes con el Govern o que el Consell presentara la propuesta en el Parlament como iniciativa legislativa. Mariano Juan, al frente de la Lucha contra el Intrusismo, defendió que la fórmula más rápida es presentar el documento al Govern para que lo modifique si lo cree necesario y estudie la posibilidad de aprobarlo por vía decreto, lo que permitiría su aplicación antes de la temporada turística de 2022.
Juan remarcó que las fiestas ilegales «afectan a la convivencia entre vecinos, perjudican la imagen turística de Eivissa y son un problema sanitario». Asimismo, señaló que estas celebraciones clandestinas incumplen la legislación en materia de actividades, cuyo control compete a los ayuntamientos, y la normativa covid, competencia del Govern. El Consell, aclaró, solo puede intervenir en caso de que estas fiestas ilegales se lleven a cabo en viviendas turísticas dando de baja la licencia de esta actividad. Juan insistió en que no se trata de fiestas de particulares. «Es una industria de ocio pirata, abierta al público y con libre concurrencia. No hay intimidad ni inviolabilidad del domicilio alegable. Son actividades y locales en fraude de ley, y no una vivienda», subrayó.
En la propuesta de reforma legislativa del Consell, que se ha abordado con todos los agentes implicados, se elevan las sanciones de 30.000 a 100.000 euros, se responsabiliza a todas las personas que participan en esta actividad y se hace responsable subsidiario al propietario que no participe en poner fin a la fiesta ilegal, en los casos en los que quede acreditada la libre concurrencia.
