El equipo de gobierno de Sant Antoni ha evidenciado de nuevo esta mañana en el pleno su división, esta vez por la exclusividad en la explotación del taxi. A diferencia de las otras tres ocasiones en las que el primer teniente de alcalde, Joan Torres, del PI, se había desmarcado de la unidad de acción de gobierno del tripartito de centro derecha, el también responsable de la gestión municipal de los taxis ha perdido esta mañana la votación y se ve obligado a dar cumplimiento a la propuesta de Unidas Podemos de pedir al Govern balear que aclare si los titulares de licencia tienen o no la obligación de explotarla en exclusividad, sin compatibilizarla con otros trabajos.
Es el caso, por ejemplo, del alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, del PSOE, que, desde que sustituyó al ahora conceller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, al frente del Ayuntamiento, dejó de conducir su taxi (pertenece a Sant Antoni) y lo explota a través de conductores asalariados para tener dedicación exclusiva en el Consistorio.
PP y Ciudadanos han apoyado la propuesta de Unidas Podemos, mientras que el PI y PSOE-Reinicia han votado en contra. El portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, ha recordado que recientemente en el pleno del Parlament, Marí Ribas aseguró que según los juristas de la conselleria, en el caso de la exclusividad se tiene que aplicar el reglamento nacional de 1979, que obliga a que el taxi se explote en exclusividad.
Sin embargo, hace unos días, el conseller balear de Movilidad aseguró en Ibiza que son los ayuntamientos los que tienen que interpretar la ley balear de Transportes de 2014 y decidir si exigen o no esta exclusividad. La legislación balear, en su artículo 51.2 sobre la prestación efectiva del servicio, dice que este “podrá prestarse por su titular o conductores…”. Y esto es lo que literalmente ha incorporado Sant Antoni a la ordenanza de taxi para permitir que Guerrero, por ejemplo, pueda seguir explotando su licencia de taxi con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Sant Josep.
El primer teniente de alcalde ha defendido que “no le corresponde al Ayuntamiento”
En este sentido, el primer teniente de alcalde ha defendido que “no le corresponde al Ayuntamiento” interpretar la ley, pero también ha reconocido que, según su criterio, está “clarísimo” que la ley balear elimina la obligación de la exclusividad del reglamento nacional del 79. Por ello, ha dicho que no estaba de acuerdo en pedir al Govern balear o al Parlament que “aclare algo que está clarísimo”.
Torres ha pedido reiteradamente al secretario de la Corporación que manifestara si consideraba que la ley balear ofrece dudas sobre esta cuestión, a lo que este ha respondido que estaba de acuerdo con el criterio de Torres. “No hay dudas en mi opinión. La ley dice que puede conducir el taxi el titular u otra persona”, ha dicho el secretario, aunque ha agregado: “Si se pide una tercera opinión, tampoco pasa nada”.
El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, ha dicho que no era necesario pedir aclaración alguna al Govern porque “ya saben la respuesta”, al tiempo que ha advertido de que la aprobación de esta moción supone una carga “burocrática más” para la Administración.
El alcalde, Marcos Serra, del PP, ha destacado que las manifestaciones del conseller balear de Movilidad, primero sobre que se debe aplicar el reglamento del 79 según los juristas de la conselleria y luego sobre que los ayuntamientos son libres para escoger, “no dejan clara” esta cuestión. “No es ningún mal pedir una aclaración”, ha defendido.
El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, ya criticó en el pleno de julio, en el que se aprobó definitivamente la modificación de la ordenanza del taxi, que “se copiara” el artículo 51.2 de la ley balear sin especificar nada más. “Entonces pedí reiteradamente que me dijeran en qué sentido iba la ley y nadie me contestó. Cualquier ley debe ser clara y ésta no lo es”, ha remarcado.
