La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, habló ayer en el Pleno del Parlament sobre la desestimación del recurso de casación interpuesto por el Govern por la anulación del decreto del catalán para acceder a un empleo público en el Servei de Salut y admitió que «el instrumento de aplicación no era el adecuado» aunque defiende que el Tribunal Supremo entiende que las medidas sobre el nivel del catalán son «proporcionadas y adecuadas»: «No tocaba ser un reglamento, sino una ley». En este sentido, la consellera declaró que en Balears «no hay problemas» para contratar personal sanitario por el catalán.
Hay que recordar que este recurso fue interpuesto por el sindicato CSIF al considerar que el decreto vulneraba derechos de los trabajadores al establecer que médicos y enfermeras que accedieran a su puesto de trabajo sin acreditar el nivel de catalán requerido tendrían dos años de plazo para hacerlo.
Durante su intervención, la consellera reconoció que ahora el acceso al Servei de Salut deberá regirse por la Ley de Función Pública que establecía niveles de catalán más altos para todas las categorías profesionales.
El diputado del PP, Juan Manuel Lafuente, denunció que la ciudadanía y los sanitarios están «preocupados» y piden soluciones a la dificultad de «fidelizar» a los profesionales sanitarios a causa de las «exigencias del catalán».
Además, incidió en que este decreto fue la reacción del Govern después de haber cambiado la Ley de Función Pública «por las protestas ciudadanos y de los sindicatos» porque «creaban problemas donde no los había».
Garrido pidió a los populares que no hagan «política sucia con la lengua» porque durante estos años «hemos contratado a los médicos que ustedes despidieron».
