El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, sostiene que no tiene ningún ánimo de «fastidiar más» a los propietarios de las ocho licencias exprés de Benirràs concedidas en 2007 pero tampoco saltarse la ley. «No queremos ni pasarnos de acelerada ni de frenada. «Si el tribunal mantiene que las licencias son ejecutables, son ejecutables, pero, como ha habido muchos cambios legislativos», por lo que, recalca Marí, «hay que estar bien seguros de lo que se hace».
Tal como publicó este diario hace poco más de una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una providencia, en respuesta a una solicitud de aclaración del Ayuntamiento de Sant Joan, que elimina el plazo de 10 días que, a mediados de 2018, dio al Consistorio para que levantara la suspensión que pesa sobre la ejecución de las ocho licencias exprés. Sin embargo, esta providencia no aclara, tal como ha advertido también la defensa de los afectados, si dichos permisos de obras se pueden ejecutar.
Hay que tener en cuenta que hay una sentencia firme que confirma la validez de las sentencias. De hecho, el alcalde destaca que nadie ha dicho que estuvieran «mal dadas». Sin embargo, Marí recuerda también que, pese a ello, hay una nueva legislación que clasifica todo este espacio como una Área Natural de Especial Interés (ANEI). «La sentencia validó que las licencias son válidas y ejecutables, pero si levantamos la suspensión y se construye, ¿alguien nos involucrará en la edificación de viviendas en zona ANEI? El tema es muy complejo, y lo curioso es que el tribunal que lo tiene que aclarar parece que no lo tiene claro», dice.
Tres cambios legislativos
Así, Antoni Marí destaca que desde la concesión de estas ocho licencias se han producido tres cambios legislativos: primero el del primer gobierno autónomo progresista que extendió, en 2008, la zona ANEI colindante al área de Benirràs donde se preveía construir cerca de medio centenar de viviendas, luego vino la modificación aprobada, en 2012, por el posterior Ejecutivo del PP presidido por José Ramón Bauzá que permitía recuperar la edificación en este espacio mediante la aprobación de un plan especial y, por último, la nueva ley de Urbanismo de 2017 que eliminaba la posibilidad anterior. Esta última normativa se aprobó cuando el Ayuntamiento aún no había culminado la tramitación del plan especial previsto en la ley urbanística del PP ya derogada.
«Ha habido una diarrea legislativa que no hay quien se aclare», recalca el alcalde, que puntualiza que, pese a que las licencias exprés se concedieron antes de la aprobación de la moratoria previa al primer cambio legislativo, el de 2008, se produjo por «imperativo legal un cambio en la calificación urbanística». «No sé en qué charco nos podríamos meter [si se levantara la suspensión de la ejecución de las licencias exprés]», insiste Marí, al tiempo que defiende que su gobierno no pretende ser «un depredador» del territorio y «amparar porque sí» unas edificaciones en un terreno, reitera, cuya «calificación urbanística ha cambiado por imperativo legal». «Aquí es donde están las dudas y es tan fácil como aclararlo [por parte del tribunal]».
La vía de la indemnización
La última providencia también abre al Consistorio la posibilidad de revocar las licencias, con la correspondiente indemnización, por la normativa sobrevenida, tal como contempla la ley urbanística en vigor, la de 2017. Sobre la eventual responsabilidad, el tribunal lo deja abierto: O es sólo del Ayuntamiento o sólo del Consell o de ambos». Sobre esta cuestión, el alcalde admite que el Consistorio, en su día, paralizó la construcción en Benirràs, pero también el Consell emitió un informe e instó al Ayuntamiento a que lo hiciera.
Las ocho licencias afectadas son las que se concedieron en 20 días, entre el 4 de noviembre de 2007, cuando este diario reveló que el Govern iba a aprobar una moratoria previa a la protección de Benirràs, y el día 23 de ese mes, cuando se paralizó la concesión de licencias para la tramitación de la ley 4/2008 con la que también se protegió Punta Pedrera y parte de Roca Llisa.
