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La propiedad de Casa Lola retrasa el derribo del complejo turístico ilegal

Alega que el decreto de alcaldía que ordena la demolición de las construcciones sin licencia es nulo y el plazo debe ser de dos meses

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, en julio de 2013, cuando se precintó la entrada al complejo turístico ilegal. | LORENA PORTERO

La propiedad de Casa Lola, el complejo turístico ilegal situado en la zona de Davall sa Serra, en Sant Josep, con sentencia firme de demolición, gana tiempo con un escrito de alegaciones contra la orden dictada por el Ayuntamiento para que, antes de ayer, se ejecutase el derribo voluntario de las construcciones levantadas en los últimos años sin licencia.

Parte de las instalaciones de Casa Lola, en la zona de Davall sa Serra, en Sant Josep. | D. I.

En el plazo de tres semanas que terminó ayer, el Consistorio daba por bueno al menos la presentación de un proyecto de restablecimiento de la legalidad. En su lugar, la propiedad ha presentado una serie de objeciones al proceso iniciado, que provoca una nueva demora en el plan trazado por el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento ya cuenta con un proyecto de demolición de Casa Lola, presupuestado en 40.000 euros, que llevará a cabo subsidiariamente en el momento que obtenga autorización judicial para entrar en la propiedad. Sin embargo, no va a pedir permiso al juez para echar abajo las construcciones ilegales hasta que se hayan resuelto las alegaciones.

Un portavoz municipal informó de que el Consistorio no dispone de un plazo concreto para contestar las alegaciones y continuar con la tramitación del derribo de las ilegalidades. De hecho, la fuente oficial recuerda que el Ayuntamiento actúa «en aplicación de una sentencia firme del Supremo».

Las objeciones jurídicas

En su escrito de alegaciones, la propiedad de Casa Lola discrepa con el plazo que le había otorgado el Consistorio para ejecutar el derribo voluntario de las construcciones sin licencia (tres semanas) y entiende que debería ser de dos meses, según explica un portavoz municipal. Además considera «nulo» el decreto de alcaldía en el que se ordena la demolición de los inmuebles ilegales que el Ayuntamiento dirigió a dos sociedades distintas.

Por un lado, a una de las sociedades no se le había iniciado un expediente sancionador y, por tanto, alega la propiedad, no cabe ejecutar nada; y, por otro, en el caso de la segunda, el procedimiento hace referencia a unos terrenos que no son de su titularidad, según los argumentos esgrimidos por la propiedad para alargar el proceso. También alega que el hecho de que le hayan abierto dos expedientes sancionadores por el mismo asunto le causa «inseguridad jurídica».

Desde hace una década, la propietaria de Casa Lola, la empresaria Paquita Sánchez, trata de eludir el derribo de las construcciones ilegales de este complejo turístico, que este verano ha sido noticia por las fiestas ilegales denunciadas por los vecinos.

En total, la propiedad tiene la obligación de derribar, por mandato judicial, un conjunto de construcciones levantadas sin licencia y que no son legalizables porque vulneran la ley del suelo, con una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación de 1.892. En concreto, el derribo afecta a una piscina y una terraza anexa al edificio principal, el porche, tres edificaciones de 50 metros cuadrados y otra de 150, un depósito de agua de 52 metros cuadrados; además de ocho volúmenes en planta baja con una superficie construida de 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas (342 metros cuadrados) y descubiertas (414 metros) más otras dos piscinas de 84 y 68 metros cuadrados, una cisterna de 36 metros cuadrados, así como diversos muros y divisiones interiores.

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