El expolítico del PP balear Rodrigo de Santos dijo ayer que «jamás» mantuvo relaciones sexuales con presos de la ONG Padre Garralda-Horizontes Abiertos, en Vallecas, y adujo «prejuicios» contra él por sus antecedentes penales. Quien fuera teniente de alcalde y de Urbanismo de Palma se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de dos delitos agresión sexual que habría cometido contra dos presos cuando trabajaba en la citada fundación, dedicada a la reinserción de presos.
«Nunca he mantenido relaciones sexuales de ningún tipo ni nunca le he amenazado a ninguno de los dos con retirarle el aval», sostuvo el acusado, que ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor, a la pena de cinco años de prisión y una prohibición de aproximación y comunicación por ocho años.
«Nunca he mantenido relaciones sexuales ni les he amenazado con retirarles el aval», sostiene de Santos
En esta ocasión se le juzga por un supuesto delito continuado de agresión sexual continuada y otro delito de agresión sexual -por el que la Fiscalía pide un total de 20 años-, que ambos rechazó durante la sesión. La fundación ofrecía viviendas donde se alojaban los presos durante los permisos penitenciarios. Rodrigo de Santos trabajó en la misma desde 2015 y fue coordinador desde octubre de 2016.
Agresión sexual continuada
En el primero de los casos, entre febrero y julio de 2017, la Fiscalía le acusa de haber obligado a un interno a tener relaciones sexuales hasta en siete ocasiones bajo amenazas de retirarle el aval para «poder disfrutas de los permisos penitenciarios». El acusado negó que estos encuentros tuvieran lugar y aseguró que la denuncia responde a una venganza, tras estudiarse por parte del equipo de trabajadores de la fundación retirarle el aval por «reiterados incumplimientos» de las normas de la fundación.
Segundo demandante
El acusado vinculó la demanda de este con la del segundo, al que el primer demandante habría «ido a buscar» para que también cargase contra Rodrigo de Santos por unos hechos que supuestamente habrían tenido lugar en febrero de 2017, cuando el acusado invitó a este segundo reo a su casa de Alcobendas, donde este pasó la noche. De Santos explicó en el juicio que el demandante contaba con un aval familiar, pero que al divorciarse lo perdía y que, además, dejaba de estar en situación de extranjero legal al dejar de ser cónyuge de una española.
