Un particular ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y el Consell de Ibiza por «la pasividad» del Ayuntamiento de Sant Josep en forzar la ejecución del derribo de la estructura ilegal de Cala Molí que invade un Área Natural de Especial Interés (ANEI). Esta obra ilegal, denunciada en 2005 por el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN), supuso el inicio del procedimiento judicial del llamado caso Huerta.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) confirmó en 2008 la validez del acuerdo de la junta de gobierno de 2005 que anuló la licencia otorgada tres años antes para edificar 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas, dos locales y aparcamientos y trasteros. Pese a ello, el Consistorio no ha iniciado ningún expediente para forzar el derribo de la estructura que quedó a medias y que se restituya la zona a su estado original. Hace ahora tres años, el anterior alcalde, Josep Marí Ribas, reconocía, después de que una sentencia denegara las pretensiones de la promotora (el Grupo Medi de Valencia) de percibir una indemnización por daños y perjuicios, que la estructura se tenía que «derribar».
El GEN denunció en 2005 que esta obra invadía una zona ANEI y originó el proceso judicial del caso Huerta
En octubre de ese mismo año, el ahora alcalde, Ángel Luis Guerrero, que ya gestionaba entonces el área de Urbanismo, dijo que próximamente se iba a abrir un expediente de restitución de la legalidad para forzar a la promotora a que ejecutase el derribo de las obras ilegales, cuya estructura quedó abandonada hace 13 años. Guerrero aseguraba entonces que desconocía los motivos por los que el Ayuntamiento no había iniciado antes este proceso. Un portavoz municipal confirmó ayer que todavía no se ha dictado la orden de demolición por «la saturación» del departamento de Urbanismo. Tampoco se ha abierto un expediente de disciplina urbanística (para tramitar el pago de una sanción), según explicaba, en octubre de 2018 el concejal de Urbanismo, porque las obras ilegales estaban ejecutadas al amparo de una licencia de obra municipal, aunque, tal como confirmaron las sentencias, mal otorgada por parte del Ayuntamiento.
Abandonada sin protección
El denunciante, Javier Gea, el arquitecto que desde hace tiempo denuncia las supuestas irregularidades urbanísticas en Cala Vedella, advierte en su escrito presentado en la Fiscalía que la estructura de Cala Molí está abandonada desde 2005 y no cuenta con ninguna protección para evitar el acceso a la misma, lo cual, advierte, puede causar «accidentes o incidentes más o menos graves». Pide al Ministerio Público que investigue las posibles responsabilidades penales sobre los promotores y constructores de las obras y los políticos o técnicos municipales del Ayuntamiento que puedan estar implicados por «acción directa o bien por inactividad o pasividad» debido al largo periodo, de 15 años, en el que no se ha actuado. El particular considera que los hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente.
También ha presentado un escrito en el departamento de Territorio del Consell, en la que solicita «el derribo inmediato» de la estructura de Cala Molí.
En su momento, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares desestimó el pago de una indemnización a la promotora al considerar que actuó «con dolo, culpa o negligencia». En concreto, la sentencia sostenía que la anulación del permiso de obra no podía atribuirse a «un mal funcionamiento de la Administración, sino a la actitud del reclamante, que indujo al error con la simple presentación del proyecto».
