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Sant Josep amplía al día 22 el derribo voluntario del complejo Casa Lola

El representante legal de la propiedad al que se le notificó la orden de demolición comunicó que ya no ejerce como tal y el Consistorio tuvo que reiniciar el procedimiento

Imagen de archivo del momento en que, hace unos años, la Policía Local, con la ayuda de la Guardia Civil, precintó Casa Lola. LORENA PORTERO

El Ayuntamiento de Sant Josep amplía hasta el día 22 el plazo para que la propiedad del complejo turístico Casa Lola, la empresaria Paquita Sánchez (Inversiones Hoteleras Faro SL), restablezca voluntariamente la legalidad infringida con el derribo de todo lo edificado sin licencia. En principio, el plazo acababa ayer, pero el equipo de gobierno ha decidido prorrogar el plazo tres semanas más para tener «más garantías» de que el procedimiento administrativo no pueda ser impugnado después de que la persona que ostentaba la representación legal de la propiedad, y a la que se le notificó la orden de restablecimiento de la legalidad, informara posteriormente al Ayuntamiento de que ya no ejercía como tal.

Cuando ésta informó de que ya no representaba a la propiedad, el Ayuntamiento remitió la misma comunicación a las sociedades jurídicas vinculadas con el complejo turístico ilegal y entiende, para evitar «cualquier objeción» y problema que pueda retrasar más el derribo, que el plazo de tres semanas debe contar a partir de estas últimas notificaciones.

Autorización judicial

En el caso de que en este periodo la propiedad no presente un proyecto de demolición (tampoco lo había hecho en el primer plazo que acababa ayer) ni dé muestras de su voluntad de ejecutar la demolición de las construcciones ilegales antes del día 22, el Consistorio procederá acto seguido a pedir autorización judicial para entrar en el complejo turístico y ejecutar subsidiariamente el derribo. Después, se le reclamará a la propietaria el coste. El Ayuntamiento cuenta con un proyecto de derribo presupuestado en 40.000 euros.

La orden derribo del complejo turístico ilegal se produce después de que el Tribunal Supremo confirmase que las obras son ilegalizables y, con ello, cerrase la puerta a la propiedad a seguir eludiendo, desde hace una década, los mandatos municipales para restablecer la legalidad infringida.

En total, se deben echar abajo un conjunto de construcciones levantadas sin licencia y que no son legalizables porque vulneran la ley del suelo, con una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación de 1.892 metros cuadrados. En concreto, una piscina y una terraza anexa al edificio principal del complejo turístico, el porche, tres edificaciones de 50 metros cuadrados y otra de 150, un depósito de agua de 52 metros cuadrados, además de ocho volúmenes en planta baja con una superficie construida de 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas (342 metros cuadrados) y descubiertas (414 metros cuadrados) más otras dos piscinas de 84 y 68 metros cuadrados, una cisterna de 36 metros cuadrados, así como diversos muros y divisiones interiores con bloques prefabricados de hormigón y piedra natural.

Todas estas obras se acometieron en diversas tandas desoyendo las órdenes del Ayuntamiento para que se paralizaran e incluso levantando sin autorización los precintos.

Sólo la vivienda principal cuenta con una licencia de la década de los 80 (ampara 75 metros cuadrados). Es la única parte del complejo que se salva del derribo.

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