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El Tribunal Supremo confirma el derribo del complejo turístico ilegal Casa Lola

Ahora se reactiva la sanción impuesta de 1,4 millones de euros

Una de las piscinas y parte del complejo turístico ilegal en la zona de Davall sa Serra que se debe derribar. | D. I.

El Tribunal Supremo ha confirmado el derribo del cúmulo de ilegalidades urbanísticas del complejo turístico Casa Lola, en la zona de Davall sa Serra, y cierra las puertas de la promotora, Paquita Ribas (Inversiones Hoteleras Faro SL), a seguir eludiendo las órdenes de demolición dictadas por el Ayuntamiento de Sant Josep desde hace una década.

El Consistorio ya ha comunicado a los promotores que tienen un plazo máximo de tres semanas, a partir del pasado día 13, para ejecutar voluntariamente el derribo del conjunto de las construcciones ilegales. Si no lo hace, el Ayuntamiento procederá a restaurar la legalidad de forma subsidiaria, cuyo coste, en todo caso, deberán afrontar los infractores.

A través de un comunicado, el Consistorio informó ayer de que contra esta decisión los promotores pueden presentar un recurso de reposición ante la junta de gobierno o en el juzgado. Sin embargo, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, aclara que no se retrasará la ejecución de la demolición por parte del Consistorio, salvo que un juez dictase medidas cautelares para impedirlo, lo que se descarta.

En total, se deben echar abajo un conjunto de construcciones levantadas sin licencia y que no son legalizables porque vulneran la ley del suelo, con una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación de 1.892 metros cuadrados. En concreto, una piscina y una terraza anexa al edificio principal del complejo turístico, el porche, tres edificaciones de 50 metros cuadrados y otra de 150, un depósito de agua de 52 metros cuadrados, además de ocho volúmenes en planta baja con una superficie construida de 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas (342 metros cuadrados) y descubiertas (414 metros cuadrados) más otras dos piscinas de 84 y 68 metros cuadrados, una cisterna de 36 metros cuadrados, así como diversos muros y divisiones interiores con bloques prefabricados de hormigón y piedra natural. Todas estas obras se acometieron en diversas tandas desoyendo las órdenes del Ayuntamiento para que se paralizaran e incluso levantando sin autorización los precintos. Sólo la vivienda principal cuenta con una licencia de la década de los 80 (ampara 75 metros cuadrados). Es la única parte del complejo que se salva del derribo.

Expediente sancionador

Ahora, una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad, se reactiva el procedimiento sancionador contra la propiedad del complejo turístico. Las obras ilegales están tipificadas como una infracción grave, con una propuesta de sanción que asciende a 1,4 millones de euros, según recuerda el Ayuntamiento.

Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil precintan el acceso a Casa Lola, en una imagen de archivo. LORENA PORTERO

El comunicado destaca que todas las resoluciones judiciales a los recursos presentados por la propiedad para «obstaculizar la actuación del Ayuntamiento ante el cúmulo de ilegalidades detectadas» han sido favorables al Ayuntamiento. «Este es el final de un largo litigio contra esta propiedad que incumple sistemáticamente las leyes urbanísticas. Es un triunfo que realza el trabajo de todos los trabajadores del Consistorio, además de una victoria de los vecinos de este complejo ilegal que pronto podrán recuperar la tranquilidad y el descanso al que tienen derecho», señala el alcalde, Ángel Luis Guerrero, a través de la nota del Consistorio. Hay que tener en cuenta que durante años los vecinos denuncian no sólo las obras ilegales, sino también las fiestas que se organizan en este complejo, también este verano, a pesar de que está prohibido por la pandemia.

«A los propietarios, las tácticas dilatorias sólo les han servido para ganar tiempo y alargar la agonía que han pasado los vecinos», indica el alcalde, que agrega: «Este equipo de gobierno actuará siempre contra los que vayan contra la convivencia, el respeto y atenten contra el territorio, aunque las resoluciones judiciales no lleguen tan rápido como nos gustaría. Que nadie piense que hay impunidad para hacer la vida imposible a sus vecinos ni para lucrarse a costa de nuestro territorio saltándose las leyes».

La propietaria de Casa Lola, que ha estado en prisión por delitos fiscales, también es la promotora de Casa Paola, colindante a Casa Lola. En primera instancia, un juzgado de lo contencioso ya ha confirmado la sanción de 341.000 euros que le impuso el Ayuntamiento por las obras ilegales en esta parcela: una edificación de 170 metros cuadrados de superficie, un anexo de unos 150 metros cuadrados, una piscina de 100 metros cuadrados y un depósito de 75 metros cuadrados, además de unos bancales de tierra.

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