El equipo de gobierno aprobó una resolución, a propuesta de Ciudadanos, para instar una vez más al Govern balear a que modifique la ley de Urbanismo para permitir la rehabilitación por causas de seguridad de los edificios que se encuentran fuera de ordenación y que tengan «una especial afectación social». El Consell ya planteó esta vía para tratar de salvar el edificio de los apartamentos Don Pepe, pero el Govern balear lo rechazó.
Por su parte, el PSOE presentó otra propuesta, tumbada por la mayoría del equipo de gobierno, en la que instaba al Consell a «ofrecer ayudas económicas y recursos del departamento de Bienestar Social» a las personas que viven en los apartamentos Don Pepe y que se ven obligadas a dejar sus casas por el riesgo de derrumbe del edificio. La consellera de Promoción Económica y Cooperación Municipal, María Fajarnés, del PP, aseguró que el Consell está del «lado de las familias afectadas» y justificó la negativa a destinar recursos de la institución insular a concederles ayudas en que «las competencias de Vivienda están en manos del Govern».
El equipo de gobierno sólo permitió la aprobación de dos de las 30 propuestas de resolución que presentó el PSOE: una para que el Consell lidere la coordinación entre las administraciones competentes en la lucha contra las fiestas ilegales en viviendas y actúe, según sus competencias, contra las viviendas turísticas en las que se organizan. La otra propuesta aprobada es la de que el Consell convoque de forma urgente la nueva convocatoria de ayudas para familias vulnerables afectadas económicamente por el covid.
Unidas Podemos logró que se aprobaran cuatro de sus 45 propuestas, entre ellas una para que se definan las zonas de desarrollo prioritarias para instalar placas fotovoltaicas y otra para defender «el crecimiento mínimo sostenible de la isla».
La consellera tránsfuga Marta Díaz sacó adelante con la complicidad del equipo de gobierno sus tres propuestas para instar a que se doten de más aparcamientos los accesos a las playas y la ciudad de Ibiza, y a que se limpien los torrentes para prevenir incendios.
PP y Cs acordaron también la creación de un registro de infracciones de taxistas pirata y pedir un cambio normativo para que las empresas de rent a car no puedan alquilar vehículos a las personas sancionadas. También acordó solicitar al Govern que una casa que acoja una fiesta ilegal sea considerada establecimiento público para que la policía pueda acceder a su interior.
