El PP insiste en que «hay otra opción» al derribo del Don Pepe

«Es una medida copiada de la ley de urbanismo catalana», inciden

El portavoz municipal del PP, Javier Marí, junto a algunos concejales de su grupo. | V. MARÍ

El portavoz municipal del PP, Javier Marí, junto a algunos concejales de su grupo. | V. MARÍ / j.a.c. eivissaj.a.c.

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

El grupo municipal del PP de Sant Josep acusó ayer al alcalde, Ángel Luis Guerrero, y a su equipo de gobierno de dejar en la calle a cerca de 50 familias del bloque A de los apartamentos Don Pepe «por una decisión política, no técnica, que es la peor que podrían haber tomado». Marí incidió en que existen vías legales para salvar el inmueble y subrayó que la inversión que prevé el Ayuntamiento para la compra del terreno y el derribo no es mucho menor que el coste de su rehabilitación.

Marí cree el argumento de que el edificio se encuentra fuera de ordenación, tal y como sostiene el Ayuntamiento, no es impedimento para su reforma. «Al parecer no encuentran la licencia, pero eso no significa que no la tuviera». Así, apunta que en el expediente de solicitud del permiso figuran los dos bloques que se construyeron en 1964.

Respecto al inicio del expediente de declaración de ruina, «como no puede ser de otra manera por el estado del edificio», el PP comparte su validez como informe técnico, pero subraya que existen alternativas a que culmine en una demolición, «una decisión exclusivamente política».

Así, recuerda que su partido presentó una propuesta en el Parlament para modificar la Ley de Urbanismo de Balears con una enmienda para autorizar obras de consolidación y reparación, en edificios fuera de ordenación, por motivos de seguridad de las personas. «Es un texto copiado del artículo 108.2 de la ley catalana de Urbanismo, pero el PSOE y Podemos votaron en contra».

Esta iniciativa se presentó el año pasado, después de los dos primeros desalojos en sendas escaleras del bloque A de los apartamentos Don Pepe. Tras el anuncio del nuevo decreto de desalojo para las otras tres escaleras, los populares plantean volver a presentar esta propuesta al Parlament balear, según anunció su portavoz en Sant Josep.

«Entendemos que el expediente [del Don Pepe] no es fácil», admitió Marí, que calificó este caso como «una de las situaciones más graves que ha vivido el municipio de Sant Josep». «Pero estamos hablando de que hay una solución, con un artículo como el de la Ley de Urbanismo catalana, para no dejar a 50 familias en la calle».

Los populares también señalaron al anterior alcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, como responsable de este expediente. «Ahora es el conseller balear de Vivienda y tiene la solución en manos del Govern para cambiar la ley».

El PP también señalaron que el Ayuntamiento prevé invertir tres millones de euros en todo el proceso de demolición, cuando calculan la rehabilitación del inmueble entre cuatro y cinco millones. «Si en vez de gastar el dinero en un solar vacío lo destinara a esas familias, estaríamos en otra posición».

Una oferta de 1.971.000 euros como compensación a los propietarios por el terreno

En su propuesta para hacerse cargo de la demolición del edificio, el Ayuntamiento de Sant Josep ofrece una compensación de 1.971.000 euros. La cifra se destinaría a los propietarios de los 46 apartamentos y los dos locales que antiguamente ocupaban un restaurante y una tienda. En su rueda de prensa del martes, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, explicó que el Ayuntamiento no tiene obligaciones en este edificio, al tratarse de una propiedad privada, y señaló que la compra se destinaba exclusivamente al terreno en un parque natural, ya que el inmueble se encuentra fuera de ordenación. El precio ha sido estimado por un tasador externo, detalló el alcalde. De momento, esta propuesta se ha presentado al abogado de la comunidad de propietarios, mientras que los vecinos afectados la conocerán en la asamblea que celebran mañana. En caso de que no acepten la propuesta, el Ayuntamiento anunció que serían los propietarios los que deberían hacerse cargo de las obras de derribo, estimadas en un millón de euros. Además, también se les pasaría los gastos de las obras de apuntalamiento que se ejecutaron en las dos escaleras evacuadas el año pasado, con una inversión de 250.000 euros.

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