El Ayuntamiento de Sant Josep ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sant Josep de sa Talaia, formada por Territorio y Ciudad y el Centro de Observación y Teledetección Espacial, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por poco más de un millón de euros (846.900 euros sin IVA, un 23% menos que el presupuesto de partida de la licitación).

Cuando se firme el contrato, la UTE adjudicataria tendrá un plazo de medio año para presentar al Ayuntamiento un diagnóstico sobre la situación territorial del municipio. El equipo redactor de la nueva normativa urbanística, que sustituirá a la actual, en vigor desde 1986, tendrá también un año de plazo para presentar la primera propuesta de ordenación con la que se iniciará la tramitación de su aprobación inicial. «Nos hemos marcado que toda la redacción se pueda completar en un plazo de cuatro años, que es muy inferior a los 10 años de media que se tarda en tramitar un nuevo PGOU. Pero confiamos en que el trabajo que se hizo en los intentos anteriores para aprobar una nueva ordenación urbanística permitan agilizar todo el proceso», resaltó Guerrero.

Después de tres intentos fallidos en el pasado, el alcalde dice estar «seguro» de que «esta será la buena»

El alcalde recordó que de las 63 unidades de actuación previstas en las Normas Subsidiarias de 1986 «sólo hay ocho zonas urbanas bien desarrolladas». «La falta de planificación y la gestión caótica y clientelar del urbanismo en etapas anteriores nos ha llevado a la situación actual, y no nos gusta. El municipio que queremos empezaremos a diseñarlo ahora en un proceso participativo y abierto a todo el mundo», resaltó Guerrero, que agregó que el PGOU se debe basar en «la sostenibilidad y la justicia social». «Debe buscar el consenso y poner límites, teniendo en cuenta la falta de agua, porque el crecimiento no es infinito».

También indicó que la nueva normativa debe servir para las próximas décadas y recordó, precisamente, que ya han pasado 35 años del actual planeamiento sin que ningún equipo de gobierno haya sido incapaz de renovarlo. En el pasado hubo «tres intentos serios de aprobar una nueva normativa que no prosperaron por diversas razones». «Estamos seguros de que esta será la buena», concluyó.