Otra vez se repiten las discrepancias entre los técnicos del Ayuntamiento de Sant Antoni sobre expedientes urbanísticos. En esta ocasión afectan a la legalización de seis naves industriales (cuatro náuticas, un taller de reparación de vehículos y otra con uso de almacén y comercio al por menor) en suelo rústico ubicadas en diversos puntos del municipio.
Los propietarios de las seis naves industriales trataron de acogerse en 2015 a la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOS) aprobada, en 2014, durante la última legislatura gobernada por el PP, para legalizar su actividad; en concreto a la Disposición Transitoria 10 (DT 10) que permitía, durante un periodo de tres años, la legalización, con una serie de condiciones, de aquellas edificaciones ilegales en rústico cuya infracción hubiera prescrito (a los ocho años).
Inicialmente, los servicios técnicos de Urbanismo informaron a favor de la solicitud, pero luego tanto un letrado municipal como la jefa de Urbanismo descartaron esta posibilidad al entender que la DT 10 no es suficiente para legalizar estas naves de uso industrial. La actividad de estas edificaciones está prohibido, en los terrenos donde se ubican, tanto por el PGOU de Sant Antoni como el PTI.
Así, en el pasado mandato, en noviembre de 2018, la junta de gobierno de Sant Antoni denegó las peticiones de legalización de las seis naves. Los afectados presentaron un recurso de reposición y, en este caso, el secretario de la Corporación se pronunció a favor de sus argumentos, con lo que, ya en este mandato, el pasado mes de junio, se elevó a la junta de gobierno una propuesta para acordar la legalización de las naves.
Sin embargo, la junta de gobierno discutió sobre las discrepancias existentes entre los técnicos municipales y decidió retirar este asunto del orden del día. Al afectar a suelo rústico, hace un mes, la junta de gobierno resolvió solicitar al Consell un informe jurídico sobre el recurso de reposición presentado por los afectados.
El Consell se lava las manos
En respuesta a una moción de control del grupo PSOE-Reinicia, ayer en el pleno de marzo, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, explicó que el Consell ha rechazado la elaboración de dicho informe porque «no es su función dirimir sobre informes municipales contradictorios una vez emitidos, como es el caso». «Creo que lo han dejado claro», agregó Costa, en respuesta a las críticas posteriores del portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, que recordó que «diversas normas, entre ellas la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, establecen el papel del Consell como órgano consultivo». «Debe actuar como tal y resolver estas discrepancias porque, de lo contrario, este asunto quedará en un cajón y la administración no cumplirá con su función de solventar los problemas de los ciudadanos».
Por otra parte, la concejala de Unidas Podemos Ángeles Roselló preguntó en el pleno si hay discrepancias en el equipo de gobierno en torno al proyecto de mejora de accesibilidad en ses Païsses, en referencia, sin mencionarlo, al malestar manifestado por el primer teniente de alcalde, Joan Torres, en una entrevista con este diario, sobre el plantón del PP a la presentación del proyecto por las presiones de «diez vecinos» que no quieren ceder parte de sus terrenos para ampliar las aceras. El alcalde, Marcos Serra, respondió: «No más [discrepancias] de las que podemos tener en otros temas que tratamos. Cuando hay algo que discutir, lo hacemos en las juntas de gobierno y siempre salen por consenso. La respuesta es no».
Sant Antoni pide al Consell una agencia de control urbanístico
El pleno de Sant Antoni acordó ayer por unanimidad, a propuesta del equipo de gobierno, solicitar al Consell que cree una agencia o consorcio de disciplina urbanística en suelo rústico. El segundo teniente de alcalde, Joan Torres, defendió que desde 2005 Menorca cuenta con este organismo de control insular y Mallorca desde 2009. «Urbanísticamente, Eivissa no es un buen ejemplo. La creación de esta agencia daría seguridad de que el descontrol se para», dijo. Por otro lado, también se aprobó por unanimidad dejar en suspenso un año más la prohibición de que se ejecuten obras en el casco urbano y zonas que afecten a instalaciones turísticas durante los meses de la temporada turística. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, justificó esta medida en el hecho de que «actualmente no se prevé una temporada turística boyante». En todo caso, el Consistorio se reserva la posibilidad de paralizar obras que puedan causar molestias a algún establecimiento turístico. También se aprobó de forma definitiva el reglamento de lucha contra la trata de seres humanos.
Martín asegura que está «muy triste y cabreado» con las goteras de Can Coix
El segundo teniente de alcalde y responsable del área de Deportes, José Ramón Martín, aseguró ayer en el pleno que estaba «muy triste y cabreado» por las goteras que se produjeron hace unos días en el polideportivo de Can Coix, con la cubierta ejecutada por el Consell de Eivissa recién estrenada. «Me da mucha intranquilidad por los clubes y porque la reparación de la cubierta no se ha hecho de forma correcta», indicó, al tiempo que explicó que el Consell ya ha contactado con la empresa que ejecutó las obras para «evaluar qué se ha hecho mal». «El Consell debe hacer cumplir a la empresa y que pague los desperfectos», agregó el concejal de Deportes.
Por otra parte, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, explicó que se está retirando la pintura que marca el carril-bici que atraviesa el paseo marítimo porque, al no estar separado físicamente, causa «múltiples pequeños accidentes».
Torres indicó que el Consistorio está a la espera de una valoración económica de la posibilidad de ampliar el paseo para instalar un carril para bici separado de la zona de peatones, para negociar con Sant Josep su ejecución en el proyecto del nuevo paseo de la fachada marítima de la bahía de Portmany. Esta vía conectaría con el carril-bici previsto en el proyecto del paseo en la zona de es Pouet, hasta la rotonda del huevo.
Asimismo, el equipo de gobierno rechazó una propuesta de PSOE-Reinicia para habilitar zonas en alguna playa del municipio para disfrute de los perros.
Por el contrario, el equipo de gobierno aprobó, con el voto en contra sólo de PSOE-Reinicia, instar al Govern balear a que reclame más vacunas al Estado y agilice el proceso de inmunización de la población, además de ampliar las ayudas económicas a los afectados por la crisis. Unidas Podemos votó a favor después de que el alcalde, Marcos Serra, pese a sus reticencias iniciales, aceptase reclamar al Consell que amplíe también sus ayudas.
