El caso Huerta, la trama encabezada por el difunto Antonio Huerta Briz, que ejerció de arquitecto municipal en Sant Josep desde 1998 hasta 2007, para monopolizar los proyectos que se desarrollaban en este municipio pese a ser incompatible con su cargo, se ha zanjado, en una sentencia judicial de conformidad, con el pago de una multa de 2.160 euros y las costas procesales, que ascienden a 8.000 euros.
El arquitecto Antonio Huerta Chamorro, hijo del exarquitecto municipal de Sant Josep, y la que era su pareja Pilar Fernández, han reconocido, tras un acuerdo pactado con el Colegio de Arquitectos de Balears para evitar la vista oral y una posible condena mayor, que colaboraron en la trama. La Fiscalía, que no presentó escrito de acusación, no ha participado en esta negociación.
Cada uno de ellos, Antonio Huerta y Pilar Fernández, deberán pagar 1.080 euros de multa por la comisión de un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Para reducir la pena, las partes han pactado que concurre la circunstancia «atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas», además del «atenuante de la confesión». Hay que tener en cuenta que el procedimiento judicial se inició en 2005, a raíz de una denuncia del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN), y que sólo la instrucción del caso se prolongó durante una década. En este sentido, la sentencia indica que la causa ha sufrido «numerosas e injustificadas paralizaciones, lo que ha provocado que su tramitación se dilatara de forma extraordinaria en el tiempo, sin que ello sea atribuible a ninguna de las partes y en especial a los acusados».
La sentencia reconoce los atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión para dejar la pena en sólo una multa
La sentencia pactada explica que, entre los años 1999 y 2006, desde el estudio profesional de Antonio Huerta Briz se llevaron a cabo proyectos y direcciones de obras en Sant Josep a pesar de «la prohibición específica» de que éste pudiera ejercer trabajos privados en el municipio donde ejercía su responsabilidad pública. A fin de «ocultar dicha incompatibilidad como funcionario público», los proyectos eran elaborados en el despacho de su hijo, Antonio Huerta Chamorro, «en connivencia con el mismo». Con la misma finalidad, agrega el fallo judicial, los proyectos eran firmados por Pilar Fernández, bien personalmente o a través de la sociedad Keltike S.L.
«De esta forma se evitaba que se descubriera la actividad prohibida por razón del cargo de arquitecto municipal de Huerta Briz, ya que los expedientes de las licencias de obras [de estos proyectos] debían ser informados por él mismo como arquitecto municipal o por el departamento en el que estaba adscrito por razón de su cargo», relata la sentencia.
Huerta Chamorro y Pilar Fernández han confesado que intervinieron en proyectos de edificación en Sant Josep cuando Huerta Briz era arquitecto municipal, lo que fue "un grave error" y afectó a la reputación del Colegio de Arquitectos
Así, Pilar Fernández, «con pleno conocimiento de la incompatibilidad que afectaba a su suegro y con el descrito ánimo de ocultarlo», entre los años 2000 y 2005 firmó personalmente o a través de Keltike un total de 39 proyectos, todos ellos en Sant Josep. «Gran parte de dichos proyectos se hicieron en el despacho de Huerta Briz y Huerta Chamorro con la intervención y colaboración indistinta de ambos y de la acusada Pilar Fernández», agrega la sentencia.
Finalmente, aparte de reconocer su participación en la trama, los dos condenados asumen que su actuación fue "un grave error que afectó a otros colegiados y a la reputación del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears". Además, se comprometen a "afrontar el futuro con plena consciencia de que tales comportamientos profesionales no pueden volver a suceder".
