La Agencia Balear del Agua (Abaqua) y el Ayuntamiento de Santa Eulària acordaron ayer sufragar a medias el coste del desmantelamiento de la antigua estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Santa Gertrudis. El entendimiento se produjo después de una reunión donde participaron el gerente de la agencia, Guillem Rosselló, y la alcaldesa del municipio, Carmen Ferrer.
El proyecto de desmantelamiento está presupuestado en 86.634 euros, según los cálculos realizados por el Consistorio. El Ayuntamiento se encargará de ejecutarlo y Abaqua sufragará la parte que le corresponde en virtud del acuerdo logrado.
Abaqua ocupa los terrenos donde se ubica la antigua EDAR gracias a un acuerdo de cesión con el Consistorio firmado el 1997. La depuradora se encuentra inoperativa desde 2013. Desde entonces, los desacuerdos entre la agencia y el Ayuntamiento en la interpretación del convenio de cesión de terrenos habían impedido que se desmantelaran las instalaciones, que se encuentran actualmente degradadas, lo que supone un peligro para el medio ambiente y para la seguridad.
Guillem Rosselló celebró que se haya llegado a un acuerdo «satisfactorio para ambas partes y especialmente para la ciudadanía». Por su parte, Carmen Ferrer destacó el hecho de que con esta intervención «Santa Gertrudis verá desaparecer un punto de inseguridad y medioambientalmente insostenible, con el beneficio que eso supondrá para todos los vecinos y vecinas del pueblo».
La planta quedó obsoleta a los pocos años de construirse y eran constantes las denuncias por vertidos y hedores que llegaban al centro del pueblo. Finalmente, se aprovecharon las obras de ampliación de la carretera de Sant Miquel para canalizar las aguas residuales de Santa Gertrudis hasta la estación depuradora de Vila. Acumula desde entonces diez años en los que se ha degradado paulatinamente en plena zona forestal.
El Govern anunció en febrero de 2018 que estaba dispuesto a devolver los terrenos a Santa Eulària, pero tal y como estaban, es decir, con toda la infraestructura abandonada. El Ayuntamiento rehusó la devolución de su propiedad hasta que se retiraran todas las instalaciones y los terrenos recuperaran el estado en que se encontraban en el momento en que se cedieron al Ejecutivo balear. Tres años más tarde, el Ayuntamiento insistió de nuevo en su decisión en su último pleno municipal, celebrado el 17 de diciembre, en una moción que incluía que el Ayuntamiento peritaría el coste de la retirada de la depuradora y ejecutaría las obras, pero con el compromiso de que el Govern le abonase los gastos.
