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Más críticas al «descontrol» urbanístico de Sant Antoni por un derribo sin ejecutar

PSOE-Reinicia denuncia que Sant Antoni ordena rehabilitar un edificio con una orden de demolición

El grupo PSOE-Reinicia echó más leña ayer a la crisis de gobierno por los problemas del departamento de Urbanismo. Los socialistas denunciaron a través de un comunicado la negativa a forzar la ejecución de una orden de demolición en el núcleo urbano de Sant Antoni. «Se trata de otro caso más del descontrol que vive el departamento de Urbanismo, con un alcalde, Marcos Serra, que no es capaz de hacer que el Ayuntamiento funcione».

En concreto, PSOE-Reinicia denuncia que, en vez de ordenar la demolición, el Ayuntamiento ha instado a los propietarios al mantenimiento y rehabilitación del edificio, situado en la calle Roma esquina con la calle Progreso. Los propietarios lo han aprovechado para «aparentemente terminar la cuarta planta construida supuestamente de forma ilegal y que es el objeto de la orden de demolición», denuncia el principal grupo de la oposición.

Los hechos se remontan al año 1986, cuando la junta de gobierno otorgó la licencia de construcción de dos nuevas plantas en un inmueble de la calle Roma. Tras varias denuncias y escritos ante la Fiscalía, un informe pericial de un arquitecto encargado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza determinó que era «imposible» legalizar la cuarta planta del edificio porque, según los informes del aparejador municipal del momento, se trata de una zona urbana en la que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Antoni, la altura máxima es de 11,1 metros o lo equivalente a tres alturas.

Dicha construcción tiene una orden de demolición para restablecer la legalidad. Las alegaciones de los afectados fueron desestimadas por el Ayuntamiento. Contra esto, la propiedad presentó un recurso de reposición que aún no se ha resuelto. El grupo socialista exige al equipo de gobierno que resuelva cuanto antes este recurso y que aclare la situación de este inmueble que ha pasado de tener una orden de demolición a una orden de ejecución (para rehabilitar el edificio) tal como refleja el decreto 1760/2020.

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