Plan turístico

Ibiza propone hacer hasta 800.000 test a turistas para salvar la temporada

El plan que se reclama a los gobiernos central y autonómico plantea un operativo sanitario y de control de entrada a la isla con un centenar de personas para intentar que no lleguen turistas contagiados por covid | Las pruebas podrían suponer un coste de 40 millones de euros

Ibiza propone hacer hasta 800.000 test a turistas para salvar la temporada

Ibiza propone hacer hasta 800.000 test a turistas para salvar la temporada

Ibiza

El 'Plan estratégico hacia un destino seguro 2021', que ha impulsado el Consell de Ibiza junto a los agentes sociales y el sector privado de la isla, plantea realizar hasta 794.000 test de covid, en el escenario más optimista, en el aeropuerto y el puerto para garantizar el desarrollo de la próxima temporada turística, con un coste aproximado de 40 millones de euros. El contenido de este plan no implica que se convierta en las medidas finales para regular la llegada de visitantes, sino que reúne las propuestas elevadas desde Ibiza al Govern y al Gobierno central, que son las administraciones con competencias en Sanidad Exterior y en los controles de acceso a la isla.

La elaboración de este documento parte de la colaboración pública y privada y del 'Foro por una Ibiza Segura', que incluye a las patronales, sindicatos y los principales grupos hoteleros. «Es un primer paso para generar confianza tanto a los mercados emisores como a la ciudadanía de Ibiza», valoró el presidente del Consell, Vicent Marí. Los coordinadores de este plan estratégico, los consultores José Manuel Soriano y José Antonio Avellaneda, esbozaron estas medidas sanitarias, propuestas a partir del 15 de marzo y hasta noviembre.

Tres escenarios posibles

Tomando como referencia 2019, cuando llegaron 3,13 millones de turistas a la isla que generaron 3.200 millones de euros, se plantean tres posibles escenarios para planificar los operativos. El más optimista prevé alcanzar el 65% de las cifras de hace dos años, el pesimista calcula que se llegue al 35%, y el conservador parte de la base de que la temporada 2021 recibirá la mitad de esos turistas. A partir de allí, calcula todos los recursos necesarios en función de la situación sanitaria tanto de los países emisores como de Ibiza, centrándose en los test de covid generalizados y en los informes con código QR que deberían rellenar todos los turistas para facilitar un posible rastreo.

Para entrar en la isla, el plan reclama que se tome como referencia la región sanitaria de la que venga el viajero en vez de la del aeropuerto del que parta su vuelo. Este control en origen se verificaría a la hora de cumplimentar los formularios de entrada. En el caso de proceder de una zona con la situación «ideal» del semáforo verde del covid de la Unión Europea [con una incidencia acumulada de 25 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días], el pasajero no necesitará un test. En caso contrario, se plantean todas las opciones, desde los test en origen o a la llegada a los certificados de vacuna o de inmunidad

Del mismo modo, si Ibiza llega a encontrarse dentro del semáforo verde del covid, los viajeros podrían regresar al espacio Schengen sin necesidad de someterse ningún test. Por ello, el texto presentado ayer defiende que la isla se considere como una región sanitaria autónoma y deje de estar integrada en el conjunto de Balears, una decisión que es de competencia europea.

A partir de todas las hipótesis tomadas como punto de partida, se proponen unos operativos sanitarios y de controles de acceso en el aeropuerto y puerto que, en total, llegarían a necesitar un centenar de operarios. En el caso de que todos los pasajeros necesitaran test para entrar en la isla, el plan calcula que podrían realizarse hasta 794.000 análisis, si se cumple la previsión optimista del 65% de visitantes respecto a 2019.

Estas pruebas se reducirían a 427.000 en la perspectiva pesimista y a 610.000 en la conservadora. Las cifras son similares en el caso de que el test sea obligatorio en el viaje de vuelta de los turistas.

El coste de estas pruebas está calculado en 40 millones de euros, que también quedaría por determinar quién los paga, si las arcas públicas, el sector privado o los turistas. No obstante, los coordinadores del plan estratégico recordaron que el conseller de Turismo del Govern balear, Iago Negueruela, aseguró que «no iban a faltar recursos». Dentro de su planteamiento, la inversión pública quedaría de sobras compensada por el gasto turístico.

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