El Consell de Ibiza ha perdido el pulso judicial para evitar la concesión masiva de licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que operan con las plataformas Uber y Cabify. El Tribunal Supremo ha tumbado sendos recursos de la institución insular y de la Federación Independiente del Taxi de Balears y abre la puerta a que se puedan autorizar 426 VTC en Ibiza.
Esta cifra se corresponde con las solicitudes que se presentaron en el Consell en el periodo entre la aprobación del decreto balear que puso un cupo (una licencia VTC por cada 6,75 de taxis y que condicionó que ahora sólo operen 50 vehículos de este tipo en la isla) y la modificación del reglamento que desarrollaba la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) y que habilitaba a las comunidades autónomas a fijar un techo de autorizaciones de VTC.
A las 426 licencias que el Supremo abre ahora la puerta a su concesión, se suman otras 99 solicitudes que el Consell debe tramitar, la mitad ya con sentencia firme. Este paquete de un centenar de licencias se corresponde con las peticiones de autorización de VTC que se presentaron ante el Consell antes de que el Govern aprobara, en 2014, el decreto que habilitaba a los consells insulares a fijar un cupo de licencias.
Retirada de recursos
Retirada de recursos
El fallo del Supremo, que crea jurisprudencia, desestima un recurso del Consell y la Federación Independiente del Taxi de Balears contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que reconocía el derecho de un particular a que la institución insular tramite la solicitud de 25 licencias de VTC que, en su día (la petición se hizo en agosto de 2015), fue rechazada debido a que el cupo de 50 autorizaciones en la isla ya estaba cubierto.
El director insular de Movilidad, Roberto Algaba, asegura que los servicios jurídicos del Consell están «estudiando» si retiran el resto de recursos en el Supremo para evitar que les condene, además, al pago de costas. En todo caso, en este fallo no se ha hecho.
El alto tribunal ha confirmado que la Comunitat Autònoma no podía fijar un límite de licencias en la isla sin espera a que se dictase el reglamento estatal que desarrollaba la ley de transportes de 2013. Algaba asegura que el Consell «confiaba» en que el Supremo fallara en su favor, «como ha hecho en el caso de Canarias». «Pero son legislaciones distintas y no hemos podido».
Cumplimiento de los requisitos
Cumplimiento de los requisitos
¿Y qué va a ocurrir ahora? El Consell tramitará todas las solicitudes de licencia que presenten las empresas y particulares afectados y exigirá, resalta Algaba, que se cumplan «estrictamente» todos los requisitos administrativos. Precisamente, la institución ha denegado ya una primera solicitud de 30 licencias con sentencia firme por un defecto de forma (los vehículos no están domiciliados en la isla) que es «subsanable».
Algaba reconoce que esta sentencia «puede suponer un cambio de modelo brutal» en el transporte por carretera en la isla debido a que puede haber «más VTC, si se cumplen todos los requisitos que marca la normativa, que taxis». «La justicia ha abierto un camino que era impensable», resalta.
El director insular de Movilidad asegura que la entrada masiva de VTC afectará al sector en la isla (las 50 actuales) y para evitar «un choque frontal con el del taxi», habrá que «controlar que se cumplan los 30 minutos» que determina la normativa entre la contratación y prestación del servicio.
