La Unión Temporal de Empresas (UTE) Accesos Ibiza, la constructora y concesionaria de la autovía del aeropuerto, mantiene un pulso con el Govern balear para no retirar la tierra acumulada en dos fincas propiedad del Grupo de Empresas Matutes, la 56 y 59, en Platja d'en Bossa. Ante la resistencia de la concesionaria a cumplir la orden dictada por la Comunitat Autònoma, al amparo de una sentencia judicial firme que obliga a evacuar los áridos (sólo en estas dos fincas, no en el conjunto de la zona), la conselleria balear de Movilidad y Vivienda ha iniciado los trámites para imponer a la UTE una tercera sanción coercitiva, según explica el director general de Movilidad, Jaume Mateu.
El Ejecutivo autónomo aplicará «el mismo mecanismo» de sanción que en las otras dos ocasiones, indica Mateu. La primera sanción ascendió a algo más de medio millón de euros (3.000 euros al día durante un periodo determinado), aunque Mateu no supo precisar a este diario el montante total que ya se ha impuesto a la concesionaria de la autovía. La concesionaria ha recurrido las dos sanciones impuestas hasta ahora, pero los juzgados aún no han dictado sentencia. A finales del año pasado, eso sí, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) denegó la suspensión cautelar solicitada por la UTE de las dos primeras multas.
Tal como ya publicó este diario hace tres meses el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) rechazó un recurso de la concesionaria y confirmó la validez del requerimiento que, en julio de 2018, le hizo la conselleria balear de Territorio para que retirara la tierra acumulada en las fincas 56 y 59. «Esta sentencia refuerza los argumentos del Govern», indica el director general de Movilidad.
Un millón de indemnización
El Govern se vio obligado a exigir a la concesionaria que retirara la tierra acumulada en las dos fincas, además de pagar una indemnización de un millón de euros a la propiedad porque, en el proceso judicial entre Matutes y la UTE Accesos Ibiza sobre la tierra, no quedó acreditado que estos dos terrenos estuvieran incluidos en «el pacto verbal» existente entre las dos partes, según sentencia firme, para aprovechar los áridos de las obras (la autovía se construyó en trinchera) para el campo de golf que el Grupo de Empresas Matutes proyectaba en Platja d'en Bossa.
En concreto, estas dos fincas, la 56 y 59, se hallan, la primera, frente al hipódromo de Sant Jordi, en la zona en la que se construyó la balsa de drenaje de la autovía y la segunda se ubica al este, detrás de las instalaciones de Aguamar (ver plano adjunto). El volumen de tierra en estas dos fincas es de 100.000 metros cúbicos y su retirada tiene un coste de tres millones de euros.
Desde hace unos años se produce un trasiego de camiones que se llevan la tierra de la finca 52 (incluida en el pacto verbal del golf), situada al oeste de la calle de la Gamba Roja. Este diario ya publicó que una empresa comercializa los áridos tras cerrar un acuerdo con la propiedad, por el cual, según informó el Grupo de Empresas Matutes, no recibiría nada a cambio.
